El pasado mes de marzo el detenido denunció un robo con fuerza en una casilla de campo propiedad de su familia. Manifestó que personas desconocidas habían sustraído del interior del inmueble diez bicicletas de spinning, un banco de trabajo, una radial, un taladro y una caja de herramientas, valorado todo ello en unos 20.550 euros.

Los agentes, durante la investigación, tuvieron dudas razonables sobre la credibilidad de la denuncia al constatar que el denunciante había solicitado el resarcimiento a su compañía aseguradora por el valor de lo sustraído.

Además, una semana antes de denunciar el robo, aumentó la cuantía de la póliza de seguro que tenía y pasó de 20.000 a 30.000 euros, según la Guardia Civil.

Tras un estudio pormenorizado sobre el denunciante, se descubrió que, en 2010, 2012 y 2016, presentó otras tres denuncias por robos con fuerza valorados en 64.284 euros, que ahora analizan las compañías aseguradoras.

También se constató que en algunas de esas denuncias coincidía el el mismo lugar, la forma de actuar y los objetos declarados como sustraídos.

La investigación, ha indicado la Guardia Civil, ha determinado que los hechos denunciados en el mes de marzo son falsos, al descubrir los agentes que un amigo del denunciante había vendido las bicicletas a una empresa de Madrid a los pocos días de presentarse la denuncia.

Contra esta persona se ha actuado en calidad de investigada y, una vez reunidas todas las pruebas incriminatorias, se detuvo al denunciante, quien pasó a disposición de la autoridad judicial.

El implicado en estos hechos con su falsa denuncia ha provocado que la Guardia Civil haya tenido que invertir tiempo y recursos materiales en averiguar unos hechos falsos, "impidiendo que esos medios se utilicen para la investigación de otros delitos con víctimas reales", ha señalado.

Ha recordado que denunciar hechos falsos, simular delitos y utilizar los justificantes de denuncias-falsas para reclamar al seguro la indemnización o reposición de los efectos sustraídos pueden conllevar penas que oscilan entre los seis meses y los dos años de cárcel; o multas desde tres a veinticuatro meses.