El Tribunal de Cuentas señala que a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, entre otros, como responsables de dedicar fondos públicos a promover el procés en el exterior. Por ello, les citó el próximo 29 de junio para comunicarles la cuantía que considera que presuntamente se desvió para las denominadas embajadas catalanas y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

El órgano fiscalizador dictó una providencia para citar a los presuntos responsables contables para la práctica de la liquidación provisional donde se comunicará la fianza que se impondrá para responder a una posible condena, que se sumará a los 4,1 millones de euros que ya calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

De este modo, el Tribunal de Cuentas, una vez concluida la instrucción sobre el presunto desvío de dinero para la acción exterior catalana, cita a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont; a los exconsejeros de Presidencia Francesc Homs, Neus Munté y Jordi Turrull; los exconsejeros de Economía Andreu Mas y Oriol Junqueras; y al exconsejero de Asuntos Exteriores y Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva. También a los que fueran secretarios generales, a las interventoras Generales de la Generalitat y a los interventores delegados. Completan la lista de la treintena de presuntos responsables contables, el secretario general del Diplocat, Alberto Royo, y los delegados de la Generalitat de Cataluña en Alemania, el Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea.

Ninguno de ellos tiene la obligación de comparecer personalmente en la sede del Tribunal de Cuentas, sino que pueden estar representados por sus abogados, a los que se les informará del detalle de la reclamación de las cantidades presuntamente desviadas.

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 28 de marzo de 2019 un «informe de fiscalización relativo aldestino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017», a instancia de la Comisión Mixta.

Dicho informe revela que se detectaron gastos no justificados, subvenciones a dedo y contratos fraccionados para eludir controles. El fiscalizador concluyó que buena parte de esos fondos públicos se usaron para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.

El Tribunal de Cuentas ya advirtió que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto (416 millones en acción exterior entre 2011 y 2017), ya que las llamadas embajadas gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.

De hecho, aseguró no disponer de documentación justificativa de gastos de las embajadas por un importe de 302.794 euros, sobre todo del Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Croacia y Polonia, y detectó pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc).