Con la elaboración del Plan Estratégico donde ubicar los más de 47.000 millones de euros previstos para España en la próxima reforma de la Política Agrícola Común a partir de 2023, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han iniciado recientemente un calendario de reuniones bilaterales para conocer la posición de cada gobierno regional sobre su contenido. Atocha pretende, a partir de la posición de cada comunidad, pasar a la fase final con la elaboración de un informe y posteriormente una propuesta de Plan para presentar en Bruselas en julio y elevar una segunda definitiva en otoño. Estas reuniones coinciden con el cierre de las negociaciones en Bruselas sobre las condiciones de la próxima reforma, donde solo faltan flecos por ajustar.

Entre los muchos puntos pendientes para un acuerdo, a la cabeza se halla la política de convergencia de ayudas en una misma región, que ha sido motivo de protestas en los últimos meses en diferentes territorios, especialmente en las comunidades de Andalucía y Extremadura, ante la propuesta de Agricultura de acelerar desde este mismo año el proceso iniciado en 2015 con escasos resultados.

En aquel momento, los responsables del Ministerio de Agricultura, sin la oposición de la mayor parte de las comunidades autónomas, optaron por dejar las cosas prácticamente como estaban. Aragón y Castilla-La Mancha fueron las principales voces discordantes. Desde Atocha se consideraba que reducir muchos fondos a las explotaciones que los estaban percibiendo podría suponer dificultades en sus programas de inversiones basados en las ayudas comunitarias previstas. Por el contrario, no se tenían en cuenta los intereses de los agricultores o ganaderos que, por hacer la misma actividad, estaban percibiendo ayudas muy inferiores que otros, hecho que se ha mantenido en los últimos años.

Agricultura pretende hoy ajustar esa situación de una forma más rápida para que, en 2021, en una misma región el pago mínimo no sea inferior al 70% de la media regional y que ese porcentaje llegue al 80% en 2022. El objetivo general de Atocha es que un agricultor con una misma actividad cobre lo mismo y alcanzar la convergencia plena en 2025 para, a partir de ahí, negociar la supresión de los derechos individuales y pasar a un sistema de pagos por superficie mucho menos complejo. Agricultura tiene pendiente la reducción del número de regiones para hacer esos ajustes y pasar del medio centenar actual a un número mucho más reducido, lo que afectaría fundamentalmente a los territorios donde los pagos son superiores.

Además de la convergencia de ayudas, las comunidades autónomas deberán manifestarse sobre sus destinatarios prioritarios. Agricultura plantea que sean los agricultores genuinos cuyos ingresos por la actividad agraria supongan al menos entre un 20% un y 30% de los totales. Se baraja la figura del ‘genuino plus’ cuando sus porcentajes sean superiores y se deberá contemplar igualmente la situación en aquellos territorios en los que son importantes los agricultores a tiempo parcial en el desarrollo de la actividad.

Los gobiernos regionales deberán plantear sus propuestas sobre los ecoesquemas o el conjunto de actuaciones en materia de medio ambiente que puede llevar a cabo un agricultor o ganadero en su explotación más allá de las exigencias mínimas comunitarias y se pretende que sus importes sean iguales en todos los territorios. Para los ecoesquemas se destinará anualmente el 20% de los pagos directos comunitarios a cada Estado miembro que, en el caso de España, serían unos 1.000 millones de euros.

Inicialmente, el Ministerio de Agricultura ha planteado una lista de actuaciones con posibilidad de catalogarse como prácticas asociadas a los ecoesquemas. En ese catálogo se halla la mejora de la sostenibilidad de los pastos para aumentar la capacidad de sumidero de carbono y su utilidad como instrumento para la prevención de incendios; el manejo de los pastos con siega de los prados y dejar márgenes sin segar; el fomento a la rotación de los cultivos con especies mejorantes; prácticas para mejorar la calidad y fertilidad de los suelos; la agricultura de precisión o plan de nutrientes; el desarrollo de prácticas alternativas a la quema de restos de cosecha o podas con la elaboración de compostaje; valoración energética de la biomasa vegetal y dejar cubiertas vegetales inertes; uso sostenible de los productos fitosanitarios; mejora de la conservación de los suelos mediante cubiertas vegetales vivas en cultivos leñosos; implantación de la agricultura de conservación y siembra directa; prácticas que mejoren la biodiversidad creando márgenes multifuncionales o dejando zonas sin cosechar manteniendo el cultivo. 

Las comunidades autónomas deberán posicionarse sobre el techo en los pagos directos, la aplicación de los recortes y su redistribución. No se han planteado, por el momento, debates y protestas sobre la aplicación del ‘capping’ o ajuste de los pagos del 25% cuando supere los 60.000 euros, del 50% entre los 75.000 y los 90.000 euros, del 85% a partir de los 90.000 euros con un techo en los 100.000 euros, en todos los casos una vez deducidos los costes en materia de empleo.

Agricultura defiende una política redistributiva de las ayudas o un pago complementario a las primeras hectáreas de una explotación. Todavía no se ha definido ese modelo de explotación que recibirá ese apoyo y que se nutriría de los ajustes llevados a cabo en los pagos más altos de los que el Gobierno espera recaudar solo poco más de 100 millones de euros. Al tratarse de una cifra muy baja no se descarta la posibilidad de aplicar un ajuste general para nutrir ese fondo en todos los pagos. En la mejora de los pagos en las primeras hectáreas de una explotación, se coincide sobre la no aplicación en las explotaciones cuyo montante supere los 60.000 euros por cuanto supondría dar unos fondos por un lado y quitarlos por el otro.

Las negociaciones con las comunidades autónomas para elaborar este Plan Estratégico deberán contemplar además la necesidad de pasar el test de la evaluación medioambiental del Ministerio de Transición y también las nuevas y mayores exigencia burocráticas comunitarias en la materia. En el futuro, ya no se trata solo de controlar una asignación correcta de los fondos, sino de evaluar los resultados para justificarlos.