Asimismo, han reclamado al Gobierno que "defina su proyecto de Correo público, tanto en su vertiente de prestador del servicio público más antiguo de nuestro país, el postal, como en su vertiente de empresa estratégica generadora de empleo, vertebración social y crecimiento económico". Y le han exigido incorpore la empresa en la agenda para la Recuperación, Transformación y Resiliencia que debe impulsar en el primer semestre de este año.
Con esta concentración, ambos sindicatos han iniciado un proceso de movilizaciones en todo el país para reivindicar "un modelo postal público de futuro". La primera fase de movilizaciones durará hasta finales de junio incluyendo concentraciones provinciales y autonómicas, "sin descartar paros parciales y convocatorias de huelgas generales".
Ambos sindicatos han criticado en un comunicado que el presidente de Correos, Manuel Serrano, "proyecta un desmantelamiento" de la empresa y han rechazado el "cambio de rumbo" de la compañía "pasándola de un modelo postal, con una clara misión de servicio público a la sociedad, a un modelo logístico, de negocio puro, al servicio del mercado".
Exigen que "cesen las políticas de desguace de Correos"Igualmente, han censurado "la nefasta gestión y el errático liderazgo del presidente Serrano" que ha llevado, han afirmado, "a una previsión de pérdidas económicas de hasta 634 millones de euros en 2023". Han criticado, asimismo, que "se está recortando empleo y empeorando su calidad (3.000 efectivos menos anuales, 36% de temporalidad y 25% de empleo a tiempo parcial en general, y un 75% en la red de oficinas, así como un 50% en los centros de clasificación y tratamiento postal)" y que "se está reduciendo la red postal pública mediante el cierre de centros de trabajo, oficinas y suprimiendo puestos de reparto rural.
Igualmente, han calificado de "inaceptable el tijeretazo de la financiación pública para la prestación del servicio público postal, que ha quedado fijada para el futuro en 128 millones de €, casi 100 millones menos de los 220 millones acordados en la Comisión Mixta Fomento con CCOO y UGT en 2017". Una financiación que, unida a los 110 millones fijados en los Presupuestos Generales de 2021, "deja al correo púbico en una posición de extrema debilidad".
Por todo ello, han exigido al Gobierno central que "rompa su pasividad e incorpore a Correos y al servicio público que presta en la agenda para la Recuperación, Transformación y Resiliencia que debe impulsar en el primer semestre de este año". De no hacerlo, han advertido que "las consecuencias para los más 55 mil trabajadores/as y los millones de ciudadanos/as de nuestro país pueden llegar a ser irreversibles".
CCOO y UGT han trasmitido al Ejecutivo, en su solicitud de fondos europeos, que "se siga la senda del resto de países del entorno europeo que han respaldado sin ambages sus operadores postales, incorporando a Correos a la agenda política del Gobierno, determinando su carácter de servicio esencial para la ciudadanía, tal y como se ha demostrado en plena pandemia". Igualmente han exigido que se considere "su carácter estratégico para un proyecto de transformación y modernización del país".