Gobierno ve "imprescindible" la protección ante desahucios

Navarra Televisión
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El Gobierno de Navarra considera "imprescindible" que, en la situación post COVID-19, se refuercen los mecanismos de protección a personas y familias vulnerables que puedan sufrir desahucios.

Foto de archivo de una concentración contra desahucios - Foto: ARCHIVO

Así lo ha expresado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, tras presidir la reunión constituyente de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio sobre Desahucios suscrito por el Gobierno, la Federación de Municipios y Concejos (FNMC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las tres partes, según indica el Ejecutivo Foral en un comunicado, mantienen en vigor, tras sucesivas prórrogas, el convenio sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasiones de lanzamiento de vivienda familiar y sobre la necesidad de adoptar medidas de carácter social.

La constitución de esta comisión, cuyo objetivo es el seguimiento, la vigilancia y el control de la ejecución y aplicación de este convenio, ha sido valorada por Santos “muy positivamente” al permitir analizar el cumplimiento del convenio durante estos años atrás y dar un “seguimiento especial” en el nuevo escenario post COVID-19.

“Estamos hablando de una situación estructural injusta que la crisis económica de 2008 puso de manifiesto, como probablemente veremos de nuevo en los próximos meses; pero la situación es sistémica”, ha apuntado.

El consejero ha puesto de relieve, además, que “crisis así hacen que lo que es una injusticia, y supone la vulneración del derecho a la vivienda, se cebe con las personas más vulnerables”.

“Las políticas públicas deben ser diseñadas para responder a esta realidad injusta, y las administraciones debemos responder coordinadamente”, ha subrayado Santos, al tiempo que ha señalado que esta comisión mixta es una “respuesta concreta y efectiva”.

El consejero ha valorado “la sensibilidad demostrada por jueces y magistrados, que han sido punta de lanza en la protección de las personas vulnerables en esta materia”; y ha solicitado una especial vigilancia “en desahucios de personas que viven de alquiler y en personas que tienen una vivienda protegida o en promotoras relacionadas con grandes tenedores”.

Igualmente ha destacado “el papel de unos ayuntamientos que siempre han sido muy proactivos y sensibles en la defensa de sus vecinos y vecinas”; y ha hecho hincapié en la necesidad y oportunidad de tener una colaboración “lo más estrecha posible” entre instituciones, como las representadas en el convenio.

Al mismo tiempo, ha expresado también la convicción de que es necesario un “trabajo interdepartamental fluido” dentro del Gobierno de Navarra. “El trabajo en red es lo que nos va a permitir la solución efectiva de los problemas que tiene la ciudadanía”, ha opinado..

Firmado en 2016 entre Gobierno de Navarra, el CGPJ y la FNMC, y prorrogado posteriormente de manera anual en 2017, 2018 y 2019, el pasado mes de octubre fue suscrita una última prórroga que estará en vigor hasta 2023.

Si bien el motivo inicial del convenio estaba relacionado con la crisis económica y sus consecuencias en materia de vivienda, el escenario que deja la pandemia hace que "recobre importancia y actualidad".

El convenio establece que el CGPJ comunicará al Gobierno los casos en que una persona se pueda encontrar en situación de exclusión social debido a un desahucio sobre una vivienda en propiedad o sobre una vivienda alquilada.

A partir de ese momento, el Ejecutivo y la FNMC activarán sus programas de protección, centrados especialmente en concesión de ayudas de emergencia, mediación en materia de vivienda y acceso a arrendamientos en viviendas del fondo foral de vivienda social, de la bolsa de alquiler o de viviendas protegidas.