El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, advirtieron pocos días antes del 8M a los organizadores de un congreso evangélico previsto para mediados de marzo en Madrid de que este acto no se debía realizar bajo ningún concepto por ser un evento de alto riesgo de contagio de coronavirus.
Así consta en el informe de la Guardia Civil, encargado por la juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha por el Día de la Mujer.
En el documento, los investigadores del Instituto Armado relatan lo declarado en dependencias policiales por tres representantes de entidades evangélicas en España que se reunieron con responsables del Ministerio de Sanidad días antes del evento, previsto para el mismo día que la manifestación feminista, la cual sí fue permitida, mientras que el congreso evangélico fue suspendido a instancias del Gobierno.
Reunión el 5 de marzo
Según la testifical de Manuel Cerezo, secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid; Jorge Fernández Basso, consejero de medios de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE); y Juan Carlos Escobar, presidente del Consejo Ejecutivo de la Federación Asambleas de Dios de España (FADE), la primera reunión fue el 5 de marzo en la sede del Ministerio de Sanidad con el ministro Salvador Illa, Fernando Simón, el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, y la entonces directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes.
En ese encuentro se trataron "aspectos relacionados con casos de contagios por COVID-19 que se habrían producido en seno de las iglesias evangélicas" en aquellos días, y los representantes de estos colectivos mencionaron la celebración del congreso los días 19, 20 y 21 de marzo así como las previsiones de asistencia al mismo, según consta en el informe de la Guardia Civil.
Tal y como contaron Cerezo y Fernández Basso a los investigadores, tanto Illa como Simón afirmaron que debían suspender este evento y se emplazaron para una nueva reunión a celebrar el día siguiente, a la que además de los dos representantes de colectivos evangélicos asistió Juan Carlos Escobar. En esa ocasión no estuvo presente el ministro.
Fernández Basso añadió que cuando les comunicaron su estimación de asistentes al congreso, unas 8.000 personas, Illa "acompañó con gestos negativos en su cabeza la frase 'no, eso no se puede hacer'".
En el segundo encuentro, dice el informe, Simón "expresó de manera taxativa 'que ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto'" por concurrir un "escenario grave de pandemia" y porque el evento reunía "todas las circunstancias para ser considerado de alto riesgo para la propagación de contagios, siendo un claro riesgo para los asistentes y la salud pública".
Carácter imperativo
Los organizadores del evento se negaron a cancelarlo sin la emisión de algún documento de los responsables sanitarios solicitando dicha suspensión. Según Fernández Basso, ante esta negativa se les indicó que "una recomendación de Sanidad en los términos que se le habían hecho tenía un carácter imperativo, pudiendo tenerse en cuenta como equivalentes a una prohibición".
Tal y como contaron los testigos, el director del CCAES se comprometió a darles algún documento oficial, "hecho que días después llevó a cabo" y suscrito por la Dirección General de Salud Pública, que recomendaba el "aplazamiento de eventos multitudinarios".
Según lo declarado por Cerezo, que resume el Instituto Armado, los responsables de Sanidad expresaron en esas reuniones su "preocupación" por la situación en esa fecha de la pandemia de coronavirus y "por la posible extensión del virus", por lo que "instaron a los representantes evangélicos a tomar máximas medidas de prevención en todas sus iglesias, llegando incluso a proponerles el cierre de todas ellas".