No hubo ministro que tuviera más aceptación al ser nombrado por Sánchez que Marlaska como responsable del Interior. Su prestigio en la carrera judicial, en años de dureza y terror, lo avalaban. Pero de aquello no quedan hoy ni escombros. Hubo ya algunos ribetes sorprendentes en su comportamiento durante aquellas tensas noches con Barcelona en llamas y los separatistas atacando con extrema violencia a la Policía y él de cena en Chueca. El descrédito fue a más cuando ante las coacciones, insultos, escupitajos y amenazas a Inés Arrimadas y otras miembros de Ciudadanos, lejos de darles amparo alguno, contribuyó con sus palabras y la filtración de un informe irregular y exculpatorio para quienes las habían vejado y obligado a dejar la marcha, a incrementar el insulto. Pero ha sido durante la pandemia donde su Departamento ha comenzado a desprender un olor cada vez mas fétido. El olor de la manipulación, de la utilización política en favor del Gobierno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Aunque la Policía Nacional también se ha visto afectada, ha sido la Guardia Civil quien se ha llevado la peor parte. Sobre ella se ha ejercido la peor de las presiones y ruines encargos, aunque por fortuna sigue recibiendo la máxima valoración por parte del conjunto de la sociedad española y tiene una imagen reconocida a nivel mundial.
De entrada, el nombramiento de María Gámez, que fue delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, que no parecía con los conocimientos y experiencia necesarios para un puesto de tal envergadura, incomodó incluso a Margarita Robles, ministra de Defensa. Pero lo cierto es que cuando más necesaria era, la flamante directora general desapareció y desaparecida ha estado hasta ayer, oculta tras los uniformados que daban la cara y a los que en ocasiones se le hizo pasar por los peores tragos, como el general de Brigada José Manuel Santiago cuando leyó aquella aberración antidemocrática y de que se indagaban y controlaban aquellos medios e informaciones que pudieran difundir menoscabo al prestigio ¡del Gobierno!
El escándalo fue enorme pues suponía la utilización de la Benemérita poco menos que como una Policía política. Marlaska salió entonces con que ¡era un lapsus! Mentía pues al día siguiente se conoció que aquella misma directriz había sido cursada de manera oficial a todas las comandancias.
Era evidente el manoseo político y gubernamental del prestigioso Cuerpo, y el malestar empezó a crecer al tiempo que la alarma de conculcación de derechos esenciales y constitucionales de los ciudadanos se veían peligrar con esos métodos propios de un país autoritario.
Presiones
El estallido final, por el momento, ha tenido lugar esta semana, con la destitución fulminante del prestigioso coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid, y la dimisión del teniente general Laurentino Ceña, número uno dentro de la escala de la propia Guardia civil solo por debajo ya de los cargos de designación política, la directora general, el secretario de Estado y el propio ministro, por negarse el primero a someterse a las presiones que vulneraban toda legalidad y un directo mandato judicial por parte de esa reaparecida ahora directora general, o comisaria política habría que decir, autora se supone que por orden del ministro, del cese.
Con ello, el ministro Marlaska y su directora general no solo han intentado injerir y retorcer una actuación judicial, porque suponían que podía poner en apuros al Gobierno, sino que su acto ilegal, un intento autoritario y antidemocrático, alcanzó encima máxima gravedad con la destitución de quien optó por mantenerse precisamente firme en la defensa de la ley que le instaban a conculcar.
La respuesta a ello por parte de la cúpula de mando del Instituto Armado ha sido de inicio, y tras la dimisión de su jefe y su relevo, con todo respeto, pero con firme dignidad, es que al menos hagan lo propio con esa directora general. Porque lo que no hará ni siquiera cuando ya son públicas y notorias las causas reales del cese y de sus enjuagues será dimitir. Ni Gámez ni Marlaska, ni Sánchez se lo va ni a sugerir. Lo que puede resultarles más problemático es que esos hechos pueden ser a su vez investigados por la jueza encargada del caso y si hubiera lugar, testificales y pruebas, y acabar convertidos en imputados, encausados y sometidos a juicio, al imperio de la ley. El exjuez, que ha ido arrastrando por los fangos el respeto que se ganó en tiempos, puede terminar así pasando del sitial de los magistrados al banquillo de los acusados.
Desde luego la Guardia Civil, el coronel purgado de manera tiránica y su superior el teniente general Laurentino Ceña, al dimitir, han demostrado el hacer valer su divisa y sus principios como institución, su defensa de la ley y de su honor, mientras que el ministro, un día juez, lo que añade mayor culpa al delito, y su acólita han demostrado la degradación a que lleva el ejercicio sectario de la política a quienes, como ellos dos, y hecho patente el carecer de esos principios y valores esenciales exigibles en un gobernante democrático.
El anunciar el mismo día la equiparación de salarios, que no era sino débito y cumplir lo aprobado y comprometido en los Presupuestos que sacó adelante Rajoy una semana antes de que lo derribaran y que siguen vigentes y prorrogados, solo añade un componente cierto de intento de compra de voluntades con dinero, que no es de ellos, sino publico, o sea del pueblo español.
Reacción agresiva
La reacción del Gobierno, en sus dos caras, la A de Sánchez y la B, de su encollerado Iglesias, está siendo tan compulsiva como agresiva. Desde La Moncloa se ha lanzado contra la jueza Carmen Rodríguez-Medel toda la artillería, comenzando por la sumisa Abogacía del Estado para intentar apartarla del caso, discutiendo incluso el hecho de que se haya producido sus actos en período de alarma, como si por esta misma regla de tres la Policía debiera de dejar de cumplir su misión y no investigar ni detener a presuntos delincuentes. Por parte de Podemos se ha ido aún mas lejos. En una caricatura grotesca, el extremista de izquierda Pablo Iglesias acusó a la oposición de intentar insubordinar a la Guardia Civil. Ello cuando lo que ha sucedido es que quienes han vulnerado el marco constitucional, la separación de poderes y el mandato judicial ha sido el propio Ministerio del Interior.
Unido a ello se ha puesto en marcha la tropa mediática y los escuadrones de orcos en red para desprestigiar, con la filtración del informe y un argumentario, tanto a la magistrada como a los investigadores de la Guarda Civil. Curiosamente, los más incendiarios en atizar la hoguera contra ellos son los que antes jaleaban al Instituto Armado por los informes que hacían llegar a los jueces, pero claro, cuando el Ejecutivo y los afectados eran otros, y a la propia jueza, pues esta resulta ser la que llevó ante el Supremo al propio Casado por sus máster, que fue exonerado y no llegó ni siquiera a ser imputado, y a Cifuentes, que acabó procesada y a la espera de juicio.
El informe, de 83 páginas, que hay que leer al completo y no el argumentario marlaskiano, contiene informaciones y datos muy relevantes, pero en realidad eso es lo de menos, pues habrá de ser la Justicia quien sobre él y otros determine si hay ya indicios y realizar las diferentes pesquisas para probarlos, como ha sido el caso del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, antes máximo líder socialista del PSOE en Madrid por su actuación sobre el 8-M y su negativa a tomar medidas suspensivas ante la manifestación feminista y otros actos que supusieran concentraciones.
Porque lo esencial del actual asunto no es ni siquiera la probidad del informe, sino el hecho de haber injerido de manera inconstitucional contra la ley de procesamiento judicial y haber pretendido tener acceso e influencia en sus pesquisas e investigaciones.
Un hecho de enorme gravedad que quiebra una de las bases esenciales de un Estado democrático: la separación de poderes. Y por mucho que Pablo Iglesias grite, son ellos, y es algo perfectamente conocido y sabido, y nadie más que ellos los que llevan desde hace tiempo, y así lo proclaman, el subvertir el marco constitucional, el Régimen del 78, como gustan de llamar a nuestra Carta Magna.