Los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas y el Ministerio no mantienen posiciones exactamente coincidentes en relación con el contenido del futuro Plan Estratégico que se elabora desde hace más de un año con el que aplicar y distribuir los 47.724 millones de euros comunitarios asignados a España a través de la Política Agrícola Común. Sin embargo, a raíz de la última cumbre celebrada en Atocha la pasada semana, todo parece indicar que hay un cierto consenso entre la mayoría de las regiones y la administración central acerca de las líneas básicas sobre las que debe avanzar la nueva política agraria desde 2023. Un consenso que, por una parte, supone impulsar y potenciar anteriores medidas necesarias para el sector agrario; pero, por otra parte, también rompe con otras políticas implantadas a raíz de la anterior reforma en 2014 que no han dado los resultados necesarios, especialmente en materia de convergencia y distribución de ayudas al mantener y agrandar situaciones de discriminación entre agricultores de un mismo sector en diferentes comunidades.

En el capítulo de los puntos de acuerdo, existe una coincidencia general sobre la necesidad de que las ayudas por pagos directos en el futuro vayan prioritariamente a los agricultores genuinos, profesionales cuyos ingresos por la actividad agraria supongan al menos entre un 20% y un 30% de sus ingresos totales. En el colectivo de prioritarios se mantiene la figura del pequeño productor a tiempo parcial por su peso en la economía de algunos sectores y territorios. Se contempla además la figura del agricultor genuino plus cuando esos ingresos lleguen al 50% del total. Esos profesionales serían además destinatarios de los fondos que se obtuvieran por el recorte de las ayudas directas cuando los pagos superen los 60.000 euros. Ese colectivo podría ser igualmente beneficiario de ayudas si se decidieran mayores pagos a las primeras hectáreas de las explotaciones.

Asimismo, los consejeros de Agricultura y el Ministerio están de acuerdo en aumentar las medidas de apoyo para facilitar la incorporación de los jóvenes al sector. Para ello se deja la medida en manos de un grupo de trabajo. De entrada se aboga por más incentivos para la primera instalación, medidas fiscales, planes de formación y asesoramiento o el Erasmus agrario, que supone la posibilidad de que un joven pueda pasar una temporada en una explotación de su mismo o de otro sector para aprender y formarse.

De cara a la movilización del mercado de la tierra hay resistencia a plantear el debate sobre la posibilidad de que agricultores jubilados activos pudieran bajarse del tractor si existiera una adecuada compensación.

No hay discrepancias entre los consejeros sobre la necesidad de mantener e incluso ampliar las ayudas acopladas a las actividades ganaderas básicamente extensivas por su papel en el sostenimiento de la actividad y la vida en el territorio. Junto a las cabañas ganaderas se suman otros sectores como los cultivos proteicos, los frutos secos, la remolacha o el tomate para industria, aplicando a las ayudas acopladas hasta el 13% de los fondos de pagos directos, frente al 12% actual.

Los consejeros coinciden en la necesidad de mantener programas de ayuda a sectores como el vino o las frutas y hortalizas y ampliarlos para otros como el olivar y el ovino en base a la posibilidad de disponer de un 3% de los fondos de los pagos directos para esa vía. Tampoco hay un rechazo a la implantación del techo de pagos en los 100.000 euros y para la aplicación de una reducción a partir de los 60.000 por peticionario, fondos que irían para mejorar los pagos a las primeras hectáreas de una explotación del agricultor genuino plus.

También existe consenso para avanzar en medidas sobre condicionalidad y sostenibilidad, pero con discrepancias sobre los términos contemplados en las estrategias comunitarias para reducir el uso de fertilizantes o de fitosanitarios. Se apoyan los ecoesquemas voluntarios con el 20% de los fondos de los pagos directos y el sector espera las recomendaciones comunitarias en materia de condicionalidad y medio ambiente en la misma dirección, inicialmente como sugerencias, pero que acabarán como exigencias condicionando el cobro de ayudas a su cumplimiento.

Junto a los muchos puntos de coincidencias sobre la futura PAC y un Plan Estratégico sobre cómo aplicar los recursos en una línea de continuidad sobre la situación actual, los debates han servido también para reabrir una brecha y enfrentamientos en relación con determinadas políticas implantadas en 2014. En esa dirección, el eje de las diferencias se concreta en la política de continuidad en la distribución de las ayudas implantada en la reforma anterior con unas medidas sobre convergencia en los pagos que han resultado un fracaso, manteniendo e incluso incrementando las diferencias en los cobros entre territorios y en un mismo sector.

Aunque regiones como Castilla-La Mancha, Aragón o La Rioja han llevado la voz cantante para corregir esa situación, la realidad es que hay una corriente general a favor de modificar esta situación que fundamentalmente ha estado y está beneficiando los intereses de Andalucía. La consejera de Agricultura de esa comunidad implícitamente ha reconocido esa situación al abogar porque los cambios en esa dirección se hagan de una forma progresiva y no de golpe. Una de las salidas a la situación se basa en la reducción en el número de regiones, actualmente de medio centenar, para abrir la posibilidad de una mayor convergencia. Agricultura se había comprometido a hacer esto antes de fin de año en el marco de las negociaciones sobre el Plan Estratégico, pero la realidad es que la posición de Atocha, señalan en el sector, está muy marcada por la lentitud a la hora de las propuestas de cambio.

Finalmente, ante la próxima reforma cabe destacar la existencia de una posición general de acuerdo para acabar con los derechos de pago históricos y de los derechos individuales de una forma progresiva en los próximos años. Su mantenimiento da lugar a situaciones injustas, cobros sin actividad con el desarrollo de otra actividad productiva jugando incluso un papel de desequilibrio en algunos mercados y productos donde operan tanto quienes cobran por unos derechos como quienes no perciben esos fondos por carecer de ellos.