La producción de leche ha sido históricamente una actividad puntera a la hora de las reivindicaciones en el campo, inicialmente solo con la industria y más tarde también con la gran distribución como objetivo de sus denuncias. En contra del sector ha jugado siempre su gran dispersión, su tamaño reducido, su fuerza desigual con las industrias, la consideración de la leche como producto reclamo en la distribución y, como resultado de todo ello, los precios a la baja en el campo.
Hoy, a pesar de que la dimensión media de las explotaciones ha crecido hasta unas 80 vacas y que las explotaciones han bajado de más de 20.000 a unas 12.000 en caída libre, el sector sigue teniendo una fuerza desigual frente al resto de la cadena, en la que los precios se fijan de arriba hacia abajo y no al revés, desde el origen. A pesar de la Ley de la Cadena, los ganaderos siguen denunciando que se mantiene como un producto reclamo y que no cubren unos costes de producción disparados por la encarecimiento de factores como los piensos y la energía.
Todo ello ha dado lugar a un sector de la leche con un problema histórico de baja rentabilidad e incluso de pérdidas que reclama medidas para asegurar su viabilidad. El Ministerio de Agricultura señala la necesidad de aplicar una política integral en base a negociaciones con los industriales, con la Ley de la Cadena como referencia para la gran distribución y con una limitación de animales por granja para el próximo otoño.
Desde la perspectiva de los precios, los datos recientes del Observatorio de la Cadena pusieron en evidencia lo que el sector productor ha venido denunciando en los años precedentes: que los precios en origen no cubren los costes para una parte muy importante de los ganaderos. Frente a unos precios estabilizados y congelados de entre los 0,32 y 0,33 euros litro, el precio de producirlo está en una horquilla entre los 0,329 y 0,38 euros, con una media de 0,35. Venta a pérdidas en el campo.
La Ley de la Cadena, en la que se contempla la exigencia de cubrir al menos los precios de coste, no ha logrado por sí misma elevar las cotizaciones en origen y han seguido funcionando las relaciones históricas entre ganaderos y los industriales. Y estos últimos, a su vez, sometidos a las estrategias de la gran distribución en un momento en el que la crisis presiona a la baja los precios para mantener la demanda.
Desde todas las organizaciones agrarias se ha coincidido en los últimos tiempos en la necesidad de que los precios de compra en el campo respondan a los precios de coste. Y, a la vista de la escasa eficacia en este sentido, hasta la fecha, de la Ley de la Cadena, las organizaciones agrarias han decidido plantear las protestas tanto a las industrias como a los grupos de la distribución, al igual que hicieran hace años con resultados positivos para sus reivindicaciones.
Hoy se repite el escenario. Frente a las demandas de los ganaderos se han producido algunas respuestas positivas. Desde la distribución, el grupo Mercadona anunciaba la subida de los precios entre dos y tres céntimos. Sus industrias proveedoras (Iparlat, COVAP o Lactiber) iniciarán el proceso con un aumento de dos céntimos entre agosto y otoño. Pascual comunicaba una subida de un céntimo y otros grupos se lo estaban planteando. En todos los casos, no son subidas significativas que vayan a cambiar la vida de los ganaderos, pero se trata de un inicio.
Para el sector es importante que se haya apuntado a esta estrategia el grupo Mercadona, que acumula una cuota de mercado del 30%, y sus industrias proveedoras. Pero será indispensable que a esta estrategia se sumen otros grandes grupos de la distribución que al final son quienes fijan los precios en el campo, sin olvidar a grupos más reducidos de carácter local o comarcal como Alimerka, Cash, Lupa, etc., cadenas donde son habituales precios a unos 0,50 euros a pesar de los compromisos asumidos en su día por industria y distribución de no vender leche por debajo de los 0,65 euros para defender la sostenibilidad de la actividad en el campo. Sorprende la campaña de Central Lechera Asturiana con precios de 0,69 euros.
En este momento, con los precios congelados y, en el mejor de los casos, con subidas discretas, desde el sector se coincide en la necesidad de que todas las industrias revisen con los ganaderos los contratos suscritos en los últimos meses para adaptarlos a los costes de producción, como promete Lactiber. En este contexto, desde la Administración se indica su compromiso de que se cumpla lo dispuesto en la Ley de la Cadena por parte de la industria y la distribución. Desde Atocha se entiende que existen los suficientes mecanismos para su cumplimiento de una forma progresiva y, si hiciera falta, con las sanciones previstas en la mano.
Desde la perspectiva de la actividad ganadera, en Agricultura se considera que el sector ha hecho un gran esfuerzo de transformación y mejora hasta lograr un tipo de explotación con una media de unas 80 vacas por granja. En Atocha se estima que no es necesaria una actuación sobre el tamaño de las explotaciones por la parte de abajo, aunque se debería avanzar en lograr unas explotaciones más eficientes, con una oferta más diferenciada por calidad y precio.
Donde sí actuará la Administración es en el establecimiento de un tope de animales por explotación. Se considera que España tiene el mayor número de grandes explotaciones en la UE con una treintena con más de 1.000 animales, lo que además puede dar lugar a problemas medioambientales. Agricultura planea fijar ese techo para el próximo otoño, para el que se barajan diferentes cifras.