La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) ha llevado a cabo 866 inspecciones en el primer semestre del año y ha impuesto 269 sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, por un importe de 467.424 euros, según el informe presentado la semana pasada. En concreto, el 13,7% de estas sanciones están motivadas por la falta de indicación expresa en los contratos de que el precio pactado entre el productor primario y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción. Se trata de un tipo de infracción nueva que se introdujo en el Real Decreto 5/2020 de medidas de reforma de la Ley de la Cadena.

De las 866 inspecciones realizadas en ese periodo, 600 se produjeron en el sector de cereales, seguido del cárnico (166), vino (36), lácteo (31), frutas y hortalizas (14), aceite de oliva (12) y sectores industriales (7). En total se controlaron 1.288 relaciones comerciales, mientras que se recibieron 38 denuncias. El 56% de las sanciones impuestas recae sobre el sector de frutas y hortalizas, seguida del aceite de oliva (19%) y el lácteo (17%). Desde su entrada en funcionamiento en 2014, la AICA ha realizado 5.450 inspecciones y ha recibido 396 denuncias, que han devenido en la imposición de 2.743 sanciones por un montante total de 12,3 millones de euros. Algo más de la mitad de las infracciones (53%) corresponden a incumplimientos de los plazos de pago.

De todos estos números, la directora del organismo, Gema Hernández, ha destacado la «importante» labor inspectora desplegada por la agencia en el sector lácteo, ya que desde su creación ha llevado a cabo cerca de 1.000 inspecciones en todos los eslabones de la cadena de valor. Y ha recalcado que, durante los próximos meses, la AICA tiene la intención de seguir desplegando un elevado nivel de control sobre este sector, que atraviesa por una profunda crisis.

Más funciones.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha querido resaltar la labor de la AICA, que es «fundamental para el establecimiento de unas relaciones comerciales justas dentro del sector agroalimentario». Planas ha anunciado que este organismo verá reforzado su papel en la reforma de la Ley de la Cadena, actualmente en tramitación, y se dotará de nuevas competencias, entre las que se incluirán facultades resolutivas.

Desde su creación en 2014, la AICA se ha consolidado como referente en las labores de inspección y control de la cadena alimentaria, «actuando siempre con rigor y eficacia», según ha indicado el ministro, durante la inauguración de la reunión del Consejo Asesor de este organismo.

En la segunda fase de la modificación de la Ley de la Cadena, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, se va a ampliar la relación de prácticas comerciales prohibidas y se va a reforzar la capacidad negociadora de todos los eslabones de la cadena, especialmente de aquellos que son más débiles, para que se produzca una verdadera igualdad de condiciones entre las partes.

Planas ha explicado que la AICA se va a ver reforzada con más funciones y más competencias en su labor de control en la nueva Ley de la Cadena. Así, se convertirá en la autoridad de ejecución encargada de establecer y desarrollar el régimen de control de cumplimiento de la ley, en coordinación con las comunidades autónomas, y tendrá además facultades resolutivas para imponer sanciones por infracciones en materia de contratación alimentaria -hasta ahora se limita a proponer-.

Denuncias escasas.

Si se compara el dato de inspecciones (1.288) con el de denuncias (38) se comprueba que apenas un 3% de los controles se ha realizado porque un agricultor o ganadero haya acudido a la AICA a reclamar sus derechos. ¿Por qué? A pesar de los cambios en la Ley de la Cadena, los productores siguen teniendo poco poder en las relaciones comerciales. Sobre todo en los casos en los que la mercancía que venden es perecedera, se ven obligados a aceptar condiciones perjudiciales para ellos sin rechistar (retrasos en los pagos, venta a pérdidas...). Y a muy pocos se les ocurre acudir a la AICA para denunciar la situación, porque saben que eso puede suponer que la siguiente cosecha o la siguiente remesa de terneros no encuentre comprador. La industria y la distribución son potentes y están mucho más unidas que los productores, con lo cual están en posición de hacer fuerza y conseguir las condiciones más ventajosas sin que agricultores y ganaderos puedan hacer gran cosa, aunque sobre el papel la Ley de la Cadena haya cambiado esta realidad. Un ejemplo claro es el vacuno de leche. Incluso con la ley en vigor y la prohibición de vender por debajo de los precios de producción los ganaderos han seguido dando salida a su leche por un precio menor que el que les cuesta producirla, según evidenció el informe sobre la cadena de valor de la leche publicado por el Ministerio de Agricultura hace apenas unas semanas.

A pesar de que al productor le cuesta interponerlas, la propia directora de la AICA, Gema Hernández, ha destacado la importancia de las denuncias para poder ejercer un «mejor seguimiento y erradicación de los incumplimientos contractuales y de las prácticas comerciales desleales». Las denuncias pueden presentarse tanto de forma presencial en cualquier registro como a través del sitio de internet de la AICA (https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias).