El equipo de auditores de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de investigar el proceso electoral en las elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia ha encontrado irregularidades en todos los aspectos bajo investigación, según ha precisado en el informe publicado este domingo que ha llevado al secretario general de la organización, Luis Almagro, a pedir la repetición de los comicios. 

El foco principal de la investigación ha sido el llamado Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares o TREP, el complejo mecanismo de medición que sufrió un inesperado "apagón" cuando anticipaba una segunda vuelta electoral entre el presidente del país, Evo Morales, y su rival Carlos Mesa. Tras permanecer suspendido casi un día entero, el sistema mostró un sorprendente cambio de tendencia nada más activarse, y concedió a Morales los 10 puntos porcentuales de diferencia sobre su rival que le daban una victoria directa conforme a la legislación electoral del país andino. 

En su investigación, los auditores revelan que al menos uno de los servidores del sistema, inicialmente apartado para servir de base de datos de consulta para las autoridades electorales "no se utilizó para el fin sobre el cual el equipo fue notificado" y que los datos del sistema fueron desviados a un servidor externo, fuera de la red oficial, y cuya existencia fue omitida hasta precisamente la investigación de los auditores. 

"Resulta extraño que se redirija el flujo de datos a una red foránea, no prevista ni documentada. Resulta extremadamente grave y afecta a la transparencia del proceso", según los auditores, que tampoco entienden la ausencia de documentos sobre la interrupción del TREP. Por todo ello, consideran que existió una "clara manipulación que afectótanto los resultados de dicho sistema, como los del cómputo final".

Actas bajo sospecha

Las actas electorales también han sido cuestionadas por los auditores tras efectuar un análisis pericial de una muestra de 333 documentos, en particular en las mesas donde el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) obtuvo porcentajes extraordinariamente altos de votos. 

"Del análisis efectuado, se concluyó que 78 actas (23% de la muestra) presentaban irregularidades desde el punto de vista pericial. En algunos casos, se verificó que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona", según el informe. 

De hecho, los auditores señalan que esa persona, en ocasiones, era precisamente el representante de mesa del partido de Morales, acreditado por partida doble como delegado principal del centro de votación. 

De todos modos, los auditores manifiestan en especial su incredulidad ante el porcentaje de votos favorables al MAS, que llegó a obtener el 100 por 100 de respaldo en algunos recuentos. "En algunos de estos documentos ni siquiera se había completado con un cero el campo correspondiente a los votos de los partidos opositores", apuntan. Además, la participación en algunas de esas mesas alcanzaba el 100%, "hecho prácticamente imposible". 

El equipo de investigadores ha detectado también falta de correspondencia entre firmas de actas originales y las copias distribuidas a las autoridades y la OEA e incluso falsificaciones. En otras circunscripciones de Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, parte de la documentación "fue incendiada".

Caótica cadena de custodia

Incidentes como la quema de las actas dan a entender a los auditores de la OEA que "actualmente no existen los controles necesarios de cadena de custodia del material electoral sensible" y "evidencia la falta de resguardo, de previsiones adecuadas y poca coordinación entre los oficiales electorales y las fuerzas de seguridad. 

Es un problema grave porque en Bolivia no existe la posibilidad de efectuar un recuento de votos tradicional, así que el resguardo de las actas electorales es un aspecto crítico para dar las garantías al proceso electoral. 

"El control de quien maneja las actas y el lugar en que se encuentran en cada momento es fundamental", explican los auditores antes de describir como "contundentes" los hallazgos preliminares de su investigación, pendiente de un informe más completo.

"Por estas razones", concluyen los auditores, "el equipo no puede validar una victoria en primera vuelta" del presidente Morales. Los investigadores de la OEA remachan con una alusión a las proyecciones estadísticas del sistema de votación, fallidas también por su falta de precisión. 

"Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta", estiman. 

Como apunte final, el equipo añade que su labor fue desempeñada sin ningún tipo de cortapisas por las autoridades bolivianas, que habían decidido aceptar su dictamen como vinculante, en un intento de aplacar tanto las demandas de la oposición como la enorme tensión social en la que vive actualmente el país.

Investigación contra el TSE

La Fiscalía General del Estado de Bolivia ha anunciado la apertura de una investigación contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral y cualquier otro individuo implicado en las irregularidades de las elecciones del pasado 20 de octubre. 

La Fiscalía señala que la OEA apunta a la "presunta existencia de hechos irregulares que se constituirían en ilícitos penales y/o electorales", por lo que ha ordenado a la Fiscalía Departamental de La Paz el "inicio inmediato de todas las acciones legales correspondientes para el procesamiento y juzgamiento de los vocales miembros del Tribunal Supremo Electoral y demás autores y partícipes de estos presuntos hechos irregulares". 

Para ello ha ordenado la formación de una "Comisión de Fiscales Especializados" que tendrán a su cargo la investigación y "deberán librar y emitir en el día los requerimientos, mandamientos, órdenes y resoluciones que permitan la aplicación de las medidas cautelares correspondientes". 

"Asimismo, se ha instruido a los nueves fiscales departamentales del país el inmediato inicio de acciones penales contra los vocales y servidores públicos que corresponda de los Tribunales Departamentales Electorales", concluye la nota.