España cerró ayer siete centrales térmicas, al terminar el período de vigencia del Plan Nacional Transitorio (PNT), que les autorizó a funcionar desde el 1 de enero de 2016 hasta ahora y sin cumplir con los límites de emisión que fija la normativa europea.
Las plantas que dejarán de operar son Compostilla II (León) y Andorra (en Teruel), ambas propiedad de Endesa; y Velilla (Palencia), de Iberdrola; Narcea (Asturias), La Robla (León) y Meirama (La Coruña), de Naturgy; y Puente Nuevo (Córdoba) de Viesgo.
Aunque Iberdrola también solicitó el cierre para la central de Lada (Asturias) y también dejará de estar operativa a partir del 30 de junio, podrá seguir disponible hasta contar con la autorización de cierre del Gobierno, dado que cuenta con las técnicas necesarias para poder operar cumpliendo con los límites de emisión europeos.
El fin de la actividad de estas factorías tendrá un impacto significativo en el empleo. Entre todas, suman unos 1.100 empleados entre directos e indirectos. A algunos trabajadores de las eléctricas les han ofrecido el traslado a otros lugares pero la mayoría tendrá complicado recolocarse dentro del sector.
Las otras plantas de carbón por cerrar después del 2020 son As Pontes (A Coruña), los grupos 3 y 4 de Alcudia (Mallorca) y Litoral (Almería), las tres de Endesa; Aboño (Asturias) y Soto de Ribera (Asturias), propiedad de EDP; y Los Barrios (Cádiz), de Viesgo. La única compañía eléctrica que hasta la fecha no se ha pronunciado aún sobre momentos concretos de cierre ni ha presentado la solicitud para que esto se produzca de forma ordenada y planificada ha sido EDP.
Como dato, cabe destacar que en 2015 el 20 por ciento de la electricidad que se consumía procedía del carbón. En lo que va de año, es el tres.
Las organizaciones ecologistas estaban ayer de enhorabuena. Ante la emergencia climática que vive el planeta y las condiciones que plantea la legislación medioambiental europea, los recientes cambios en el mercado energético y los planes de descarbonización anunciados por algunas empresas, estas entidades aseguran que el adiós al carbón debe ser «un camino sin retorno que se tiene que materializar en 2025, a más tardar, y que exige no cambiar esta fuente de energía por otras que también contaminen».