La Abogacía del Estado ha fundamentado su acusación por sedición en el juicio del procés frente al delito de rebelión del que acusa la Fiscalía en la idea de que la violencia no fue "uno de los elementos estructurales del plan" de los acusados para alcanzar la independencia de Cataluña.

A juicio de la Abogacía, dependiente del Gobierno, no puede considerarse probado que los acusados organizasen y contemplasen la violencia "como un instrumento nuclear" para la consecución de sus fines, ni tampoco que fuese "idónea, suficiente o proporcionada" para conseguirlos.

Es la forma en la que la jefa de lo Penal de la Abogacía, Rosa Seoane, ha defendido ante el Tribunal Supremo la prevalencia del delito de sedición frente al de rebelión, dos tipos penales que se diferencian fundamentalmente en la concurrencia de violencia para la consecución de los fines.

La Abogacía apuesta por la sedición al asegurar que nueve acusados participaron "de forma absolutamente predeterminada y organizada" en un "alzamiento público y tumultuario que tuvo lugar el 1-O" con la "finalidad clara de impedir y neutralizar" el mandato judicial que ordenaba impedir el referéndum, declarado ilegal.

Seoane, quien ha recordado que la sedición no contempla la violencia pero sí el uso de la fuerza, ha destacado las "concentraciones masivas de personas dotadas de cierta organización", preparadas para "impedir la aplicación de la ley".

Por ello considera que "se dan todos los elementos del delito de sedición en la forma de proceder el 1-O", donde se ejerció una resistencia o activa o pasiva a las fuerzas de seguridad del Estado a través de "una oposición de los concentrados", que, en actitud "clara de desobediencia", intentaban impedir el cumplimiento de un mandato judicial, dándose a veces situaciones de gravedad "de mayor o menor alcance".

Un plan ilegal enmascarado

Para la Abogacía, nueve acusados, con Oriol Junqueras a la cabeza, son coautores del delito de sedición, ya que todos buscaban la misma finalidad y "aportaron cada uno dentro de sus ámbitos lo que era necesario".

Seoane ha destacado aquí el papel "fundamental" de Forcadell para crear "esa apariencia de legalidad, esa especie de marco normativo paralelo completamente ilegítimo que daba cobertura" a todo el "procés".

Y respecto a los Jordis, ha subrayado su "capacidad de convocatoria y liderazgo" durante las concentraciones del 20 de septiembre de 2017 ante registros de dependencias de la Generalitat, cuando se subieron a vehículos de la Guardia Civil "para alentar a las masas contra la actuación judicial" y los ciudadanos seguían "a rajatabla sus instrucciones"

En cuanto al delito de malversación, la abogada del Estado ha considerado demostrado el perjuicio para las arcas públicas del "procés", mas allá de los gastos "mínimos" acreditados durante e juicio.

"Se ha producido una adscripción generalizada de todos los recursos humanos y materiales de la Generalitat a ese fin ilícito e ilegítimo produciendo un perjuicio patrimonial", ha precisado.