La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ha ordenado este martes poner bajo arresto domiciliario al expresidente Álvaro Uribe en el marco del caso abierto contra él por supuesto fraude procesal y soborno de testigos, en lo que supone la primera vez en la historia del país en la que se impone una medida así a un antiguo jefe de Estado.
Según las informaciones recogidas por el diario colombiano Semana, los cinco magistrados que integran el organismo han fallado a favor de la "detención preventiva en su domicilio" de Uribe, si bien la CSJ no se ha pronunciado aún oficialmente.
"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", ha indicado el propio Uribe a través de su cuenta en la red social Twitter.
Por su parte, el actual mandatario colombiano, Iván Duque, ha afirmado que es y será "siempre" un "creyente en la inocencia y honorabilidad" de Uribe, de quien ha dicho que "se ha ganado un lugar en la historia de Colombia".
"A lo largo de mi vida he tenido el honor de conocer, tratar, trabajar y construir una amistad con Álvaro Uribe", ha indicado Duque en un mensaje en vídeo difundido a través de su cuenta en la red social Twitter.
"Siempre lo que considerado y lo consideraré un patriota genuino, entregado a servir a Colombia, como consta en una larga carrera de servicio público", ha remarcado, al tiempo que ha defendido la gestión de Uribe, que ha valorado como "ostensible".
"Durante sus dos Gobiernos, nuestro país recuperó la seguridad, se puso a Colombia en el ojo de la inversión y se avanzó en la justicia social. Con sentido de legalidad, Álvaro Uribe se enfrentó al narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina", ha continuado.
En este sentido, ha criticado que, "producto de su lucha", tanto Uribe como su familia "han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de todo tipo de epítetos y de todo tipo de acusaciones".
No obstante, a juicio de Duque, Uribe "con gallardía ha acudido siempre a todas las llamadas que le ha hecho la justicia con la frente en alto".
Por ello, ha asegurado que "duele como colombiano que todos los que han lacerado al país con barbarie se defienden en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia".
Por último, ha pedido "reflexión" a este respecto y ha afirmado entender "el papel de las instituciones y la independencia de poderes". "Como ciudadano y creyente en las instituciones espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza su defensa en libertad", ha remachado.
El senador colombiano, cuya figura divide al país, tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares.
De hecho, el proceso contra Uribe comenzó cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra el exsenador del izquierdista Polo Democrático Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.
Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.
Testimonios
Así, la Corte Suprema sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.
Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.
Por otra parte, ordenó que se presente un informe sobre una investigación contra Uribe por sus supuestas omisiones para impedir una masacre cometida por paramilitares en 1996, cuando era como gobernador del departamento de Antioquia, y que no avanza desde el 2014.
Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estos grupos paramilitares están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220.000 muertos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.