El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió ayer a los líderes autonómicos, en la conferencia telemática semanal que mantiene con los mandatarios regionales, su apoyo a la quinta y última prórroga del estado de alarma, que tendrá una duración aproximada de un mes. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue unánime: tanto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como el resto de dirigentes de los territorios gobernados por el Partido Popular rechazaron de plano respaldar una nueva ampliación de este marco legislativo.

En este punto, el dirigente del Govern se mantuvo inflexible y pidió que las competencias regresen a la comunidad. «Cataluña lleva gestionando su sanidad desde hace 37 años. Conocemos perfectamente cómo queremos gestionar estas competencias y creemos que la autoridad debemos ser nosotros», defendió.

Por su parte, el presidente de la Xunta,  Alberto Núñez Feijóo, indicó que Sánchez se encontrará de entrada con el no del Partido Popular. En este sentido, el titular gallego reiteró su apuesta por una legislación sanitaria específica que no «limite» derechos a los ciudadanos y que permita actuar «ante posibles rebrotes y complicaciones» de la pandemia.

En la misma línea se mostró el mandatario de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien insistió en que, dado los datos positivos que hay sobre la evolución de la pandemia, sería «razonable, sensato y oportuno que el conjunto de las instituciones volvieran a su normal desarrollo», algo que el estado de alarma no garantiza. En su opinión, ya parece que no tiene más sentido seguir extendiendo ese estado de alarma, sobre todo, cuando no se hace partícipe a otras instituciones o partidos, como el PP, de los objetivos y estrategias que conlleva ese estado de alarma.

No en vano, la dirección del PP ya anunció el pasado sábado que los presidentes populares apoyaban el llamado plan b de Génova Activemos España, presentado por Casado para una desescalada jurídica, económica y sanitaria frente a la crisis sanitaria.

Sin embargo, desde el Gobierno justificaron la necesidad de una nueva prórroga, porque «aún persisten riesgos que hay que controlar y por ello son necesarias limitaciones como las de circulación», detalló la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. 

La duración exacta de la nueva ampliación -exigida por la Ley para poder ser aprobada en Congreso- no se conocerá sin embargo hasta mañana, cuando se apruebe en Consejo de Ministros.

Quejas de Díaz Ayuso

Respecto a la polémica surgida entre el Ministerio de Sanidad y el Ejecutivo de Madrid por el pase de fase de la capital, la jefa del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, lamentó que Sánchez no le haya respondido sobre «quién decide que Madrid siga en fase 0».

«Que si la Atención Primaria falla, que si los centros de salud fallan... Parece que la Sanidad de Madrid es del Tercer Mundo», indicó.