Brasil se encuentra inmerso en el peor momento de la pandemia. Convertido ya en el tercer país con más contagiados del mundo -solo por detrás de EEUU y Rusia y a un paso de superar a la nación euroasiática-, esta semana ha comenzado a firmar más de 1.000 decesos diarios por el coronavirus. Pero, lejos de incrementar los recursos para luchar contra la COVID-19, el presidente carioca, Jair Bolsonaro, está obsesionado con que cualquier restricción puede afectar severamente a la economía nacional. Y, por eso, ayer anunció que la reapertura de la actividad financiera es «inminente».
Sin un ministro de Sanidad -han dimitido dos responsables del área en apenas un mes por sus discrepancias con el mandatario y Bolsonaro aún no ha nombrado un sustituto-, el dirigente subrayó que «estamos a punto de abrir, con responsabilidad, es lógico, el comercio, para que la miseria no se aplique en Brasil».
En ese sentido, destacó que ha mantenido una reunión con los gobernadores -que son quienes, avalados por la Justicia, han tomado las medidas necesarias para frenar la crisis sanitaria- y que esta fue «positiva», con un tono «conciliador», alejada de los cruces de declaraciones altisonantes de las últimas semanas. «Tuvimos una reunión muy buena que ya ha generado reflexiones inmediatas. El mercado de valores ha subido, el dólar ha caído mucho. Somos una minoría privilegiada y está en nuestras manos liderar Brasil», incidió.
Este nuevo giro de los acontecimientos choca lo que se ha estado viendo en el gigante sudamericano durante el estallido de pandemia, en donde Bolsonaro siempre se ha mostrado contrario a adoptar medidas de confinamiento, a diferencia de la gran parte de las autoridades municipales y estatales.
Gracias a esas restricciones territoriales, se ha conseguido frenar la propagación del coronavirus, que, sin embargo, ya ha infectado a más de 310.000 personas y se ha cobrado más de 20.000 vidas.
Además, en su plan financiero, el presidente también tiene en mente congelar los salarios de los funcionarios hasta 2021, con el fin de hacer frente «a la crisis económica» que está provocando la pandemia. Esta medida implica, según varios medios, que los sueldos de los empleados públicos «no sean sometidos a reajustes hasta el 31 de diciembre de 2021», lo que supone un «sacrificio» por su parte. Un esfuerzo que, según el mandatario, «será de extrema importancia» para sanear las cuentas del Gobierno y de todos los estados, que se han visto gravemente afectados por el virus.
No obstante, también anunció que aprobará un proyecto de ayuda financiera a los estados y municipios por un valor de 60.000 millones de reales (unos 9.800 millones de euros).