Con 100 días recién cumplidos, el Gobierno ya acumula dos toques de atención del Consejo General del Poder Judicial a cuenta de declaraciones de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a quien ayer volvió a pedir mesura y responsabilidad ante las dudas que ha sembrado sobre la independencia de los tribunales. El estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus no ha evitado que a la historia de desencuentros entre el Ejecutivo y el órgano de gobierno de los jueces se haya sumado un nuevo capítulo, el segundo de la era Pedro Sánchez provocado de nuevo por unas afirmaciones del secretario general de Podemos.
Poco más de tres meses han pasado desde que el CGPJ, pendiente de renovación desde 2018, reprochara a Iglesias, en su primera semana como número tres del Gabinete, que afirmase que los tribunales europeos habían «humillado» a los españoles en el caso del procés. Una opinión que no gustó al Poder Judicial, que entonces ya le pidió mesura y responsabilidad institucional para evitar que se cuestione «la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» de los togados.
Y justo eso, poner en duda la imparcialidad de la Justicia, es lo que considera la institución presidida por Carlos Lesmes que ha vuelto a hacer el líder morado en varias afirmaciones a raíz de la condena a 19 meses de prisión a la diputada de la Asamblea de Madrid Isa Serra por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños ocurridos durante la protesta contra un desahucio en 2014.
Tras dejar claro que las sentencias se acatan y recurren, el vicepresidente segundo opinó el pasado miércoles que «mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso», y que «la Justicia no es igual para todos».
Unas palabras que cayeron como un jarro de agua fría entre los vocales de la comisión permanente del CGPJ por considerar que generan una «sospecha inaceptable» en el modo de actuar de los tribunales. Con una amplia mayoría, la comisión expresó en un comunicado su «absoluto y rotundo rechazo» ante el tono «ciertamente inapropiado» de Iglesias, que consideran ha sembrado las dudas sobre la imparcialidad de los tribunales.
Después de conocerse este tirón de orejas a su líder, Unidas Podemos salió en su defensa, denunciando que el comunicado del Poder Judicial es «ilegítimo» porque procede de una «cúpula con el mandato caducado y al servicio de la derecha». «Lecciones de pulcritud democrática de Carlos Lesmes, las justas», avisó por su parte el portavoz del partido morado en el Congreso, Pablo Echenique.
Desencuentros habituales
Aunque las polémicas se acumulan ya, a pesar del poco tiempo que lleva el Ejecutivo de coalición en el poder, este Gobierno no es la excepción porque la del Poder Ejecutivo y el Judicial es una historia de desencuentros que se remonta a Felipe González, José María Aznar (bien es cierto que cuando estaba en la oposición) y que incluye a ministros como José Luis Corcuera, Mariano Fernández Bermejo o Juan Fernando López Aguilar. Así, los magistrados no han parado, casi desde la Transición, de apelar a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia e imparcialidad de los magistrados.