Se trata de la quinta víctima mortal en lo que va de 2020 en Navarra, apuntan los sindicatos que denuncian el aumento en la siniestralidad. Así, según datos de CCOO, en 2018 se produjeron 370 accidentes por cada 10.000 trabajadores y en 2019 este índice fue de 373, cuando para la media estatal se ubicó en 294 accidentes.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de la UGT, a la espera de que la investigación policial abierta para determinar las circunstancias del accidente, urge a las empresas al cumplimiento efectivo de la normativa de prevención.

"La implantación de medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19 no puede llevar a descuidar las normas de prevención de accidentes en el trabajo, que deben seguirse de forma escrupulosa", asevera.

Tras apuntar que el aumento de la siniestralidad obedece, principalmente, a la precariedad y los recortes, denuncia el "incumplimiento reiterado" de la normativa, la falta de medidas preventivas y la ausencia de una información y formación efectiva hacia los trabajadores y exige a las empresas que cumplan con su responsabilidad.

En esa línea, Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral de CCOO de Navarra, exige a las empresas "el máximo rigor en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Las plantillas tienen derecho a un trabajo seguro y saludable y no podemos tolerar estas dramáticas cifras".

"Todos los accidentes de trabajo se pueden evitar, y es obligación de las empresas hacerlo y de la Administración exigirlo", asevera, al tiempo que insta a la Administración a velar por el cumplimiento de la normativa y hacer uso de sus potestades inspectoras y sancionadoras.

Sostiene que “la salud de los trabajadores está en juego y es necesario realizar una reflexión tras estos últimos acontecimientos para trabajar en la prevención de riesgos laborales".

Por su parte ELA apunta que "la gravedad de la situación es el resultado de las medidas adoptadas tras la crisis de 2008".

"La patronal sigue permitiéndose el lujo de anteponer el beneficio económico a la seguridad y la salud. Las empresas siguen incrementando su rentabilidad a costa de desinvertir en prevención, lo que supone la aparición de incumplimientos que ponen en riesgo a las plantillas", sostiene.

Al respecto cuestiona al Gobierno Foral por "rechazar reiteradamente" la petición de incorporar 50 personas para equiparar los medios del ISPLN y de la Inspección de Trabajo a la Unión Europea, "alineándose con la patronal y mostrándose cómplice de su estrategia" y reclama a las empresas que "abandonen de una vez esta fatal estrategia que acarrea consecuencias devastadoras para la clase trabajadora".

"Lo sucedido no es nuevo. Todos los años suceden este tipo de accidentes mortales y pese a conocerse, no se tomas medidas para evitar su repetición", denuncia LAB, que reivindica el derecho a volver del trabajo a casa con vida.

Para LAB los "accidentes laborales no son fruto de la casualidad o de la mala suerte", son consecuencia de "la precarización de las condiciones laborales", por lo que exige a las Administraciones implicadas que "señalen a los responsables y que paguen por ello".

En su opinión, "para acabar con la violencia laboral han de garantizarse unas condiciones de trabajo y vida dignas" y para ello ve preciso "un nuevo modelo donde por encima del beneficio económico, la prioridad sea la salud de los trabajadores".