La memoria no olvida. Y la histórica menos. Unas 500 calles repartidas por municipios de casi toda España mantienen hoy en día nombres relacionados con la dictadura franquista, de las cuales 25 de ellas están dedicadas explícitamente al propio dictador. Solo Baleares y País Vasco no tienen ninguna vía pública con nomenclatura del régimen.

Así figura en los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) facilitados por el Gobierno después de tres años en los que más de 670 ciudades y pueblos han renombrado sus calles.

En concreto, 535 vías públicas conservan a día de hoy un nombre relacionado con la dictadura por las 1.211 calles que existían en el anterior listado elaborado por el INE y publicado por el Ejecutivo central en 2017.

El Gobierno ha aportado este documento en respuesta a una solicitud de informe registrada en la Cámara Alta por Compromís. Esta misma formación obligó también hace tres años a Mariano Rajoy a publicar el callejero que por aquel entonces mantenía nomenclatura franquista.

El listado no específica si algunos nombres hacen referencia a dirigentes del régimen o tienen otras acepciones que nada tienen que ver con esta nomenclatura. Es el caso de Calvo Sotelo, del que no se discrimina en este documento entre el expresidente del Gobierno o el dirigente franquista. También de Mola, que puede entenderse en algunos municipios valencianos y catalanes como toponimia local y no en referencia al general.

Generalísimo

Durante estos tres años, poco más de 110 municipios han cambiado el nombre a calles que contenían una referencia explícita al dictador junto a los términos generalísimo o caudillo. En la actualidad, según el nuevo informe facilitado por La Moncloa, Francisco Franco sigue dando nombre a 25 vías públicas en el país.

La lista recoge que en España existen un total de 34 calles que tienen todavía el nombre de José Antonio Primo de Rivera; 16, Queipo de Llano y siete, Millán Astray. El término Héroes del Alcázar, en relación a la batalla ocasionada en Toledo en la Guerra Civil tiene 10 calles y el líder falangista Onésimo Redondo da nombre a 28 vías públicas a día de hoy.

Las comunidades autónomas que más calles con nomenclatura del régimen tienen son Castilla y León con 172, Castilla-La Mancha con 104 y Murcia con 41. Por su parte, el País Vasco y Baleares son las únicas regiones que no tienen vías públicas con nombres relacionados con la dictadura franquista.

La retirada de estos vestigios ha sido objeto de polémica en numerosas ocasiones como ocurrió, por ejemplo, durante el mandato de Manuela Carmena en Madrid. El PP llegó incluso a pedir su inhabilitación por una posible «prevaricación» al quitar el nombre de ciertas calles.

Conviene recordar que la  Ley de Memoria Histórica, de 2007, obliga a las administraciones públicas a retirar simbología relacionada con la dictadura y recoge la posibilidad de retirar subvenciones o ayudas públicas a las entidades que no lo hagan. No obstante, el senador de Compromís, Carles Mulet, instó recientemente al Gobierno a elaborar una norma «más contundente» que recoja un sistema sancionador mucho más severo, ya que hay muchas familias que se sienten agraviadas.

Más contundencia

«Venimos denunciando la necesidad de tener una ley más contundente. No existe una normativa estatal que obligue a la retirada, sí que está especificada en la Ley de Memoria Histórica pero no el cómo ni el cuándo. Por eso vemos que hay ayuntamientos que nos dicen que como no hay ningún régimen sancionador, no pasa nada», denunció el dirigente nacionalista.

Desde Compromís defienden que reiniciarán una campaña de requerimientos a los ayuntamientos para que retiren la nomenclatura franquista de las vías públicas como la que puso en marcha Mulet en 2017. El senador valenciano llegó a lamentar que sea una formación de ámbito valenciano quien se dedique a retirar centenares de callejeros en «toda España».

Durante esta época de requerimientos a los ayuntamientos el propio Mulet protagonizó algunos encontronazos con alcaldes de varios municipios, algo que provocó que estuviera a punto de ser reprobado en la Cámara Alta a instancias de Génova.