El Ejecutivo mantendrá el diálogo "reiterando en todo caso que el Derecho Civil Foral forma parte de nuestro núcleo de derecho histórico y ha sido mantenido y ejercido por Navarra, diferenciándose por ello de la posición de otras comunidades", ha dicho el vicepresidente y portavoz, Javier Remírez, tras la sesión de Gobierno en la que han conocido la interposición del recurso que todavía no han recibido.

Hasta que no tengan el texto del recurso no pueden hacer una valoración más precisa, ha apuntado Remírez, quien ha comentado que les hubiese gustado poder encauzar este asunto como otras leyes forales, al tiempo que ha querido "desdramatizar la cuestión".

En ese sentido ha indicado que se trata de 8 preceptos de 596 que componen el Fuero Nuevo (dentro de él los artículos se consideran leyes).

Esta es una cuestión que ya estaban trabajando con el Gobierno del Estado, con el que ha habido un diálogo previo en el que el Ejecutivo Foral "ha defendido su posición", ha remarcado Remírez, quien ha reconocido que no les ha sorprendido la interposición porque sabían que había esa discrepancia y el plazo culminaba este jueves.

"Ahora está en manos del Tribunal Constitucional si previamente no se alcanza un acuerdo, que todo puede ser", ha señalado el vicepresidente, quien no ha realizado ninguna valoración política del hecho de que haya sido una de las primeras decisiones del gobierno socialista y ha incidido en que se trata de "cuestiones técnicas no políticas".

El Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra ochos preceptos de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo, aprobados en abril de 2019, al considerar que invaden competencias que la Constitución define como exclusivas del Estado.

El Ejecutivo estima que hay una vulneración de la competencia estatal sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos en algunas leyes, así como su competencia estatal sobre las normas para resolver los conflictos de leyes.

Asimismo considera que otras leyes afectan a la competencia estatal sobre las bases de las obligaciones contractuales, que es también competencia estatal exclusiva.

El recurso se interpone tras finalizar sin acuerdo las negociaciones entre ambas partes, que han estado trabajando para acercar posiciones en cuanto a los aspectos de la ley cuya constitucionalidad se cuestiona ahora.

De los dieciocho preceptos inicialmente cuestionados, el Gobierno central asumió la posición de Navarra en diez de ellos, manteniendo la discrepancia en ocho.

En concreto, los preceptos inicialmente cuestionados y en los que se aceptó finalmente la posición navarra fueron los relacionados con las leyes de emancipación; reconocimiento de la filiación por naturaleza; forma de las capitulaciones matrimoniales; el testamento ológrafo; el testamento en vascuence o euskera; venta en pública subasta; intereses y respecto de las comunidades de ayuda mutua.

Remírez ha recordado que desde el inicio de la legislatura, Navarra y el Estado han alcanzado varios acuerdos en la Junta de Cooperación en cuestiones relacionadas con un complemento retributivo de Policía Foral; la reforma de la Administración Local de Navarra, la acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad Foral de Navarra y la ley de Participación Democrática de Navarra.