Dice un dicho magrebí muy extendido entre sus ciudadanos que en Marruecos no se mueve nada ni nadie, y tampoco en los 1.835 kilómetros de línea de costa que posee el Reino alauita -sin contar los 1.115 kilómetros correspondientes al Sáhara Occidental-, sin que lo sepa el rey Mohamed VI.

Los hechos demuestran que el pasado 17 y 18 de mayo llegaron a la Ciudad Autónoma de Ceuta cerca de 10.000 personas a nado a través del espigón que separa la frontera española de Marruecos, de los cuales una gran mayoría eran magrebíes y un número importante menores, hasta 1.500 niños.

Muchos de ellos explicaron tras alcanzar la ciudad española que les habían llegado informaciones de que la frontera estaba abierta, sin seguridad del lado marroquí y que se podía cruzar sin problemas. Además, añadían que la situación económica y sanitaria en el país vecino era tan penosa que la única solución vital era llegar a Europa, donde les esperaría un nuevo futuro.

Los acontecimientos posteriores tras el grave incidente de Ceuta demostraron que la realidad era mucho más compleja que la explicación puramente migratoria.

El equilibrio bilateral entre España y Marruecos dejó traslucir un problema enquistado durante casi medio siglo: el conflicto del Sáhara Occidental, cuyo detonante último fue la hospitalización en España por la COVID de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y enemigo público número uno del Estado alauita.

Todo apunta, según señalan los analistas, que el escaso control de la frontera por parte de la Fuerzas de Seguridad magrebíes desde su lado permitió acceder a la Ciudad Autónoma a una cifra récord de ilegales y que fue la excusa perfecta para presionar a España sobre la posición de Madrid respecto al Sáhara, un territorio, además, que Estados Unidos reconoció como marroquí hace apenas medio año.

En una maniobra política, militar y geoestratégica, en la que estaban implicados territorios tan dispares como Israel, EEUU y algunos estados árabes, Trump firmó el pasado 10 de diciembre una declaración reconociendo la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental y anunció la normalización de las relaciones diplomáticas entre Marruecos y el Estado hebreo.

Con el beneplácito de Washington de por medio -Biden todavía no se ha posicionado al respecto- Mohamed VI se sintió aún más legitimado para reclamar la integridad territorial de Marruecos con el Sáhara incluido, por mucho que la ONU, la UE y la gran mayoría de los países del mundo no le den la razón.

La reacción española a la oleada de inmigrantes fue tajante y contó con el paraguas de Bruselas, que apoyó sin fisuras la posición del Gobierno.

Diplomacia 

El Ejecutivo español, que no dudó en sacar al Ejército ante la marea de ilegales que accedían a Ceuta, reiteró en todo momento la integridad territorial del país, así como el respeto a sus fronteras, al tiempo que tendía la mano a Rabat para solucionar el incidente desde la alta diplomacia y el entendimiento mutuo.

En este sentido, el presidente, Pedro Sánchez, advirtió a Marruecos en un duro comunicado que es «absolutamente inaceptable» que se diga que utiliza la migración y el asalto a las fronteras nacionales en Ceuta por una desavenencia en materia de política exterior.

En su respuesta, reiteró que España concibe su relación con Marruecos desde un punto de vista «estratégico» y que este país «no puede olvidar que no tiene mayor ni mejor aliando dentro de la UE que España».

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, reclamó que España intensifique la relación con Marruecos para resolver la crisis y calificó de «torpeza tremenda» la entrada en el país con identidad falsa de Ghali desde Argelia.

Y avisó que España tiene muchos intereses estratégicos en Marruecos, tales como la cooperación en política migratoria, la lucha contra el terrorismo yihadista y el narcotráfico, así como la cooperación pesquera y agrícola. Asuntos todos ellos esenciales para la seguridad y la prosperidad nacional.

La provincia 53 

El conflicto saharaui se remonta a 1976 cuando España se retira de la conocida como la provincia número 53 y sus 266.000 kilómetros cuadrados son anexionados por Marruecos.

Tras casi cinco décadas de discrepancias, la misión de la ONU en la zona, la Minurso, no logra conseguir una salida aceptable para las dos partes, el Frente Polisario y Marruecos. Mientras los primeros exigen un referéndum de autodeterminación, los segundos ofrecen más autonomía.

Sobre el terreno, el Frente Polisario proclamó en febrero de 1976 la RASD -no reconocida por España-, que durante 16 años mantuvo choques armados con Rabat. En 1991 se llegó a una tregua negociada con la ONU con la promesa de un referendo.

Pero fue el pasado 14 de noviembre de 2020 cuando el propio Brahim Ghali declaró el estado de guerra a Marruecos, al entender que tras 29 años no se había avanzado nada.