El presidente de EEUU, Joe Biden, ha lanzado una cruzada contra las grandes empresas a las que quiere aumentar el tipo tributario del 21 al 28 por ciento, y que busca extender al ámbito internacional con una propuesta de un impuesto mínimo global de sociedades.
El nuevo plan trata de quebrar «la carrera a la baja» en materia de impuestos corporativos a nivel mundial, en palabras de su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y establecer «sistemas fiscales estables y justos». Para eso, Yellen ya ha presentado una iniciativa al G-20 para establecer una tasa mínima global de sociedades del 21 por ciento y limitar las maniobras de evasión a través de paraísos fiscales.
Biden pretende aplicar el gravamen mínimo del 15 por ciento sobre los ingresos contables, los que reportan a los inversores, a diferencia de los activos que se reportan a la Hacienda estadounidense.
También fortalece la normativa para evitar las llamadas «inversiones fiscales», mediante las cuales las grandes empresas se fusionan en busca de radicar la sede en el país con un trato fiscal más favorable y canalizar hacia allí parte de los beneficios logrados en EEUU para reducir el pago de tributos.
«Lo positivo también es el efecto de arrastre que esto pueda tener: la opción de armar un modelo fiscal en base a defender el valor económico real y no la competencia artificial y artificiosa por quien paga menos. Proteger antes el empleo que a los grandes inversores. Un cambio de 180 grados», explica Susana Ruiz, de la ONG Oxfam.
Consciente de la necesidad de recabar apoyo dado la mínima mayoría demócrata en el Senado, Biden se muestra abierto a la negociación. «El compromiso es inevitable. Estaremos abiertos a buenas ideas en negociaciones de buena fe. Pero no nos conformaremos con no hacer nada. La inacción no es una opción», señaló al defender su plan.
Con esta subida fiscal, que recaudaría 2,5 billones de dólares en 15 años, el mandatario busca financiar su voluminoso plan de modernización de la avejentada infraestructura en EEUU, especialmente en el sistema de transporte, y su transición hacia una economía sustentada en las energías renovables.
buena acogida. La propuesta ha sido acogida con buenos ojos por parte de las grandes empresas, tradicionalmente opuestas a cualquier subida impositiva, y por los estados que sufren las consecuencias de la escasa inversión federal.
El debate pasará ahora al Congreso donde los republicanos ya han asegurado, que si bien podrían apoyar la inversión en infraestructura, no están dispuestos a aumentar la presión fiscal.