ETA ya no existe, pero sí sus presos y también su herencia, la de las organizaciones políticas y sociales vascas que le dieron cobertura durante décadas y que después apostaron por caminar sin el lastre de la violencia, pero sin renegar de un pasado que ahora condiciona su presente, convirtiéndolos en incómodos socios de Gobierno.

Nueve años después de que la banda anunciara el fin de su actividad terrorista, el 20 de octubre de 2011, confirmado seis años después con su disolución, la larga sombra de la organización sigue aún muy presente en España, contaminando el debate político y enfrentando relatos antagónicos sobre los hechos ocurridos.

La sociedad vasca hace tiempo que había descontado a ETA de sus preocupaciones, más empeñada en superar las sucesivas crisis que han impactado en los últimos años, la financiera, primero, y actualmente la sanitaria y económica causada por el coronavirus.

Nueve años tras el silencio de las armas, EH Bildu, la coalición que incluye y representa a la izquierda abertzale, se ha consolidado como segunda fuerza política vasca y ha dado un giro histórico al aceptar el juego de mayorías e influencias también en el Congreso.

Participó en la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy, en la primavera de 2018, y ha alcanzado acuerdos con el Ejecutivo resultante, la coalición PSOE-Unidas Podemos, con la que, por ejemplo, pactó derogar la reforma laboral a cambio de sus votos para aprobar una prórroga del Estado de Alarma en plena pandemia.

Los acuerdos y reuniones que socialistas y morados han mantenido con los representantes de EH Bildu constituyen un flanco de ataque de la oposición, que ha cargado duramente contra el Gobierno por pactar con los «herederos del terrorismo», con el partido que nunca abjuró totalmente de su pasado vinculado a la violencia.

En el otro lado, dirigentes socialistas como Idoia Mendia, justifican la nueva relación con los abertzale con el hecho de que siempre se les exigió que hicieran política sin armas, como ahora, y además se entiende como un cambio histórico su participación en la gobernabilidad de España.

Mientras, lo que queda de ETA se sitúa en las cárceles, con 192 presos en España y 32 en Francia, más un puñado de reclusos disidentes englobados en el Movimiento pro Amnistía y contra la Represión (ATA), cuyas posiciones y actuaciones, como las huelgas de hambre de Patxi Etxaniz y ahora de Iñaki Bilbao, generan tensión interna en el mundo de la izquierda abertzale.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha acometido 77 traslados de presos de la organización a cárceles más cercanas a Euskadi, mientras que otros 12 han accedido al tercer grado, una actuación que le ha granjeado críticas de algunas asociaciones de víctimas, como la AVT, y se ha convertido en otro punto de ataque para partidos como Vox o el PP, que acusan a La Moncloa de «arrodillarse» ante los otrora asesinos.

Mientras, siguen celebrándose homenajes públicos a etarras excarcelados, una práctica que Sortu, la formación de la izquierda abertzale y que lidera EH Bildu, ha avalado con unas polémicas declaraciones de su secretario general, Arkaitz Rodríguez, quien afirmó que «no son violadores ni pederastas» y tienen el apoyo de parte de la sociedad. Más madera para quienes acusan al Ejecutivo de «blanquear» a EH Bildu con sus pactos.

El trabajo continúa

Tampoco las fuerzas policiales se olvidan de ETA nueve años después, como demuestra la reciente operación que culminó con la detención de tres exmiembros de la banda a principios de este mes, por su presunta vinculación con un zulo con explosivos hallado en junio de 2019 en Atauri (Álava).

Además, la Justicia no ceja en su empeño de depurar las responsabilidades de uno de los últimos jefes de la organización, José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, detenido en París y que se encuentra a la espera de dos juicios en Francia y de que se resuelva un proceso de extradición.

Mientras, se mantiene abierto el debate sobre el relato de las décadas de violencia en Euskadi, al que se unen ahora obras de ficción y documentales como Patria, La línea invisible, El desafío ETA y El instante decisivo. Para muestra, la polémica surgida en torno al cartel de Patria: criticas por mostrar al mismo nivel un asesinato de ETA y una escena de torturas a un etarra, que se suman a las cosechadas por el contenido de la serie, procedentes de la izquierda abertzale, evidencian que la pugna por la historia será larga y muchas heridas, nueve años después, aún siguen abiertas.