Cerca de un centenar de organizaciones de una veintena de países europeos han recogido y presentado más de 1.160.000 firmas a través de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) 'Salvemos a las abejas y a los agricultores', que ha sido promovida por una alianza de ONG, asociaciones apícolas y científicas. La idea es reducir el empleo de plaguicidas sintéticos en un 80% para 2030 y llegar a la completa eliminación del uso de estas sustancias a partir de 2035. De acuerdo con Ecologistas en Acción, que forma parte del proyecto, la ICE también solicita la aplicación de medidas «para restaurar la biodiversidad en las tierras agrícolas» y busca «lograr un apoyo masivo a agricultores para la transición hacia la agroecología».

La iniciativa arrancó en 2020 y estaba previsto que finalizase ese mismo año pero la crisis sanitaria ha dificultado el proceso de recopilación de firmas, por lo que los participantes decidieron alargarlo hasta el 30 de septiembre, potenciando además la recogida por vía telemática. El portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, ha defendido la propuesta explicando que «los plaguicidas están afectando en gran medida a la salud de las personas» y España «figura entre los países europeos que más los utilizan». Lo que solicita la ICE es «ir sustituyendo esos productos químicos por prácticas tradicionales que ya se venían empleando en la agricultura pero que se han ido abandonando» por intereses económicos.

Oberhuber ha añadido que «aunque en el nombre de la iniciativa solo se mencione a las abejas, se trata de proteger a todos los insectos, los animales con mayor tasa de extinción por culpa de los plaguicidas». La ONG considera un «éxito histórico» el volumen de firmas presentadas, de las cuales algo más de 50.000 son españolas, ya que incluye un 25% más de apoyos que los requeridos por la Comisión Europea.

La ONG considera que después de conseguir los avales suficientes, la validación por parte de la Comisión Europea será clave, algo definido por la organización como un «escollo importante» ya que menos del 6% de las iniciativas que se han llevado a las autoridades europeas han sido aprobadas. No obstante, la Comisión está obligada a analizar y responder la iniciativa demandada, y el Parlamento Europeo tendrá que recibir en audiencia a los siete miembros del Comité de Ciudadanos con la posibilidad de redactar una resolución basada en esas demandas para someterlo a votación.

Los profesionales.

La idea de una agricultura sin plaguicidas sintéticos es sin duda atractiva, pero ¿qué consecuencias tendría para la actividad? Los fabricantes de esos productos tienden desde hace ya años a obtener sustancias cada vez más orgánicas y menos artificiales, entre otras cosas porque la normativa, al menos en la Unión Europea, se va haciendo más restrictiva en ese sentido. De hecho, según afirma Juan Ramón Alonso, perito agrícola y presidente de ASAJA Valladolid, «quedan pocas sustancias utilizables».

Pero, ¿es posible llegar a eliminar todas las sintéticas para 2035? Alonso opina que no. «Es una barbaridad, no es viable». Explica que los fabricantes, antes de sacar un producto al mercado, invierten «mucho dinero y diez, doce o catorce años de investigaciones y pruebas». Y aclara que los agricultores no están en contra de este tipo de cambios, pero es evidente que necesitan un sustituto de esas sustancias para poder seguir siendo competitivos y mantener un volumen de producción razonable, porque si no se correría «riesgo de desabastecimiento» de materias primas. Dice que «hay que proteger a las abejas, pero también al que produce trigo».

El problema, dice, es que las organizaciones ecologistas que solicitan cambios de este tipo adolecen normalmente de un gran desconocimiento de la agricultura y su funcionamiento. Y, lo que es peor, «no atienden a razones, son talibanes». Tienen sus ideas y sus proyectos y, «financiados por organismos oficiales», tratan de llevarlos a cabo sin pensar en las consecuencias que eso pueda tener para otras actividades económicas.

Alonso, además, se queja de que este tipo de prohibiciones nunca tienen reciprocidad en los productos importados. A los agricultores de la Unión Europea se les exigen unas normas de producción y se les imponen unas limitaciones que no afectan al «trigo que llega de Ucrania o a los tomates que se traen de Marruecos», por ejemplo. Eso al final resta competitividad a los productores locales frente a los de fuera de la Unión y solo hace que esos plaguicidas que se dejan de usar en la UE se empleen en otras zonas del planeta, que tendrán que aumentar su producción para compensar la que se pierde aquí.

Respecto de este asunto, el ministro Luis Planas ha declarado que «el Gobierno trabaja ante las instituciones comunitarias para que los productos importados cuenten con las mismas exigencias de producción que los comunitarios, con unos estándares mucho más elevados, para que todos cuenten con las mismas reglas de juego», algo que el sector en conjunto lleva ya muchos años demandando.