Acuerdo con Bildu: Un torpedo en la línea de flotación

Pilar Cernuda
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Las consecuencias políticas y económicas del pacto entre el Gobierno y los abertzales para 'tumbar' la reforma laboral a cambio de aprobar la quinta prórroga son imposibles de prever

Lastra (2i), conversa con Pablo Echenique (i), y Enrique Santiago de Poemos y con la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurúa - Foto: MARISCAL

Una ministra, no precisamente de las irrelevantes -que las hay- lo confiesa con tono de tristeza más que de preocupación. Que la tiene, aunque es la tristeza lo que más impregna sus palabras, a falta de ver su rostro. «Me enteré esta mañana al despertarme, y todavía no acabo de asimilarlo. No entiendo nada, no aporta nada». 
Un miembro del PSOE -no destacado, porque los destacados están en el Gobierno- va más lejos: «esto es un torpedo en la línea de flotación del partido. Del partido y de todos los partidos, porque rompe las reglas de juego. Hasta ahora, ningún Ejecutivo había osado pactar con Bildu más allá de cuestiones poco más que administrativas. Que lo haga un Gabinete del PSOE es especialmente doloroso para los socialistas como yo o que piensen como yo. Jamás pude pensar que un Gobierno socialista podía llegara algún tipo de acuerdo político con los herederos de ETA. Es un pacto inducido por Podemos, no me cabe la menor duda, pero Pedro Sánchez tenía que haberlo parado».
No se había informado a los ministros sobre la operación. También es cierto que hace casi tres meses que apenas intercambian opiniones porque la mayoría de los Consejos de los martes son telemáticos. Un grupo de ellos se ha reunido presencialmente en La Moncloa de lunes a viernes, los que forman parte del comité de coordinación del coronavirus, pero la obligada distancia de seguridad ha impedido las charlas informales. 
La ministra que confiesa que se enteró del acuerdo y del comunicado de rectificación al despertarse dice que había oído algo sobre la necesidad de hablar con Bildu para intentar que votara a favor de la prórroga del estado de alarma. «No estábamos seguros de Ciudadanos, el PNV podía cambiar de opinión por cuestiones electorales y ERC insistía en votar que no». 
Por eso, alguien mencionó que «a lo mejor se podía conseguir la abstención de Bildu, pero siempre interpreté que, si efectivamente se estaba pensando en hablar con ellos, era para aceptar lo que está pidiendo y que piden todos los ayuntamientos de España: que se les permitiera disponer de los fondos para ayuda humanitaria. El propio Almeida reivindica constantemente los 420 millones que le permitirían paliar la hambruna que hoy se vive en Madrid y tomar iniciativas para crear trabajo o ayudar a las familias en precariedad».


Lastra, no culpable

El pasado jueves, ministros socialistas más inclinados que nunca a marcar distancias con Podemos, aunque reconocen que el acuerdo no se habría producido sin el visto bueno del presidente, se refieren ya abiertamente a que hay dos gobiernos. No el de Podemos y el del PSOE al que antaño Pedro Sánchez decía tener tanto miedo, sino el que se sienta en torno a la mesa del Consejo y el que se reúne los lunes en La Moncloa, con dos o tres ministros socialistas e igual número de miembros de Podemos, los portavoces parlamentarios y responsables de comunicación de las dos formaciones y los jefes de gabinete de Sánchez e Iglesias. 
Nadia Calviño no forma parte de ese grupo, a pesar de que en buena ley es hoy el miembro más importante como vicepresidenta económica e interlocutora única ante Europa, de la que depende que llegue la ayuda necesaria para superar esta crisis. Es interlocutora única porque solo de ella se fían los responsables máximos de Bruselas. De ella y del ministro de Agricultura, Luis Planas, los dos con un larga trayectoria política y que, en más de una ocasión, han conseguido abortar iniciativas de Podemos que Sánchez había aceptado simplemente por contentar a sus socios, sin tomarse la molestia de analizar con expertos sus consecuencias. 
Es ya de dominio público que la decisión de llegar a un acuerdo con Bildu se tomó en la reunión del pasado lunes, y se encargó a Adriana Lastra y Pablo Echenique que se pusieran a la tarea con la portavoz parlamentaria Mertxe Aizpurúa. No se informó al resto del Gabinete, a pesar de que hubo Consejo el martes.
En el entorno de Sánchez se hace responsable a Adriana Lastra del acuerdo, pero no hay un solo socialista de peso que avale esa teoría. Es unánime la respuesta que dan a quien pregunta: Adriana no mueve un dedo, no firma un papel, sin que previamente conozca su contenido el presidente. Uno de esos socialistas hila más fino: «¿alguien puede creer seriamente que Lastra tuviera oculto el acuerdo hasta que finalizó el debate y la votación sobre la prórroga del estado de alarma? Lo ocultó porque le indicaron que lo hiciera, y ese alguien solo podía ser el jefe del Ejecutivo».


La dimisión de Calviño

Se rumorea que Nadia Calviño llegó a presentar su renuncia al presidente en la tensa conversación que mantuvieron cuando se hizo público el documento. Nadie lo confirma ni lo desmiente, porque no lo saben. Pero las palabras que dirigió la vicepresidenta a los empresarios catalanes del Cercle de Economía fueron muy significativas. Subrayó abiertamente que la derogación de la reforma laboral era «absurda» y «contraproducente». Sin pronunciar esos calificativos, el presidente de la CEOE se ha expresado en los mismos términos al recordar que gracias a esa ley se han podido producir los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) que, con el acuerdo con Bildu se convertirán en ERES, perdiendo su temporalidad. La CEOE ha anunciado que rompe el diálogo con el Gobierno. También se ha expresado en términos muy duros el secretario general de CCOO, y menos duro, pero en desacuerdo, el de UGT. Se ha roto el diálogo social y hará falta que Sánchez haga juegos malabares para ponerlo otra vez en marcha.
 Calviño fue la que tras su conversación con el presidente logró que el PSOE hiciera un comunicado de rectificación. La vicepresidenta económica al menos ha conseguido que se le tenga mínimamente en cuenta, pero algún miembro del Gobierno que en privado confiesa su desconcierto, menciona que la que debe sentirse en una más que incómoda situación es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, que fue una de las negociadoras de los acuerdos sobre la reforma laboral a la que se llegó con la CEOE, Cepyme y los sindicatos para introducir algunas modificaciones.
Miembros del Ejecutivo muestran su decaimiento, mientras que tanto en Bildu como en Podemos sacan pecho. El que más, Pablo Iglesias, que llegó a declarar que el acuerdo es «cristalino» y recoge lo que recoge, la derogación íntegra de la reforma laboral, y desmentía así en Catalunya Radio al ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, cuando, en Onda Cero, el valenciano trataba de rebajar las consecuencias del acuerdo mencionando la nota de su partido. 
Desgraciadamente para Ábalos tiene razón Iglesias: sirve lo que está firmado y con los logos de los partidos que lo suscriben.
Las consecuencias políticas son imposibles de prever. El acuerdo ha blanqueado a Bildu y a Arnaldo Otegi en segundo plano, porque no convenía sacar excesivamente a un político que cumplió años de prisión por su vinculación con la banda terrorista. En la sede del PNV analizan la estrategia a seguir en la próxima campaña electoral. Se temen lo peor: que después de haber apoyado a Sánchez en todo, incluida la moción de censura contra Mariano Rajoy, también ellos hayan sido engañados por el presidente y esta operación tenga el objetivo que lleva tiempo barajando Pablo Iglesias, un Gobierno vasco de coalición entre PSOE, Podemos y Bildu.
Se comprende la intranquilidad generalizada en la que viven los socialistas de siempre: llamaban desestabilizadores y alarmistas a los que acusaban a Sánchez de presidir un «Gobierno bolivariano». Ahora no están tan seguros de que no tuvieran razón. Aunque, añaden inmediatamente, hay medios constitucionales, y europeos, para impedirlo.