La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha defendido que el cuestionamiento que hizo el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de la condena a 19 meses de prisión a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio en 2014, "probablemente se enmarcan dentro de la libertad de expresión".

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo inclusive, donde ha rechazado que pueda hablarse de una "escalada de enfrentamientos" entre miembros del Gobierno con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora.

La portavoz del Ejecutivo ha trasladado el "respeto absoluto" del Gobierno a la separación de poderes y ha recordado que "acata las sentencias", como también ha defendido el propio Iglesias que, sin embargo, tras conocer la condena a Serra escribió un tuit anunciando recurso de la afectada y expresando que le invadía una sensación de "injusticia". "En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso", escribió Iglesias.

Las palabras provocaron la reacción del CGPJ a través de un comunicado en el que el órgano de gobierno de los jueces expresó su "profundo malestar" al entender que el comentario del vicepresidente arrojaba "una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia".

Para la portavoz Montero, esta nota del CGPJ también se enmarcaría dentro de la misma libertad de expresión que ejerció Iglesias con sus palabras.