Los economistas diferencian entre las opiniones, como juicios de valor subjetivos muy valorables, y la verdad desgarradora que aportan los datos objetivos que describen el diagnóstico real del hecho analizable.
Para entender la magnitud que ha supuesto esta crisis de la COVID-19 nada mejor que analizar los indicadores en España, desde el PIB hasta las matriculaciones.
No va a ser fácil gestionar una deuda pública del 120% del PIB con el ahorro privado más pobre de Europa y una elevada dependencia de la financiación externa.
El volumen de endeudamiento público aflorado por el Banco de España hasta el último día de abril supera los 1,234 billones de euros, prácticamente el 100% del PIB.
No solo ha quedado tocado el sistema nacional con un crecimiento que tardará, al menos, dos años en volver a los niveles de expansión de principios de 2020, la creación de riqueza es muy inestable y la posible prolongación de los ERTE hasta final de año y las elevadas tasas de parados dejan la economía española en una situación complicada.
En los dos primeros meses desde que se decretó el estado de alarma en España más de 133.000 empresas han cerrado, un dado muy significativo si se tiene en cuenta la anterior crisis que de 2008 a 2012 quebraron 355.000 empresas.
Y algo muy similar está ocurriendo con el número de desempleados que sumando las personas en ERTE más los parados la cifra se dispara por encima de los seis millones, lo que deja una imagen de pobreza muy difícil de remontar para las familias que han dejado de recibir su nómina y están pendientes del paro o de la renta mínima vital recientemente aprobada.
El Gobierno se enfrenta, además de al enorme pasivo que ya tiene contraído, a una carga de ayudas y de subsidios que le obliga a endeudarse aún más sabiendo que ni este ejercicio ni los dos siguientes va a disponer de una entrada de liquidez en las arcas públicas como ocurría hace solo unos meses, lo que le genera un gravísimo problema y más cuando sigue sin poder aprobar un presupuesto propio después de más de tres años y continúa con el que heredó de Cristóbal Montero del Partido Popular.
Ante esta situación, el Ejecutivo se plantea nuevos impuestos como la tasa Tobin o la tasa Google y, se espera, contrariamente a lo que está ocurriendo en Italia que acaba de anunciar una rebaja fiscal a sus ciudadanos, que el Gabinete de Pedro Sánchez decida incrementar los impuestos a la clase media.
Los planes de ayuda al sector turístico con 4.250 millones o al de la automoción con 3.750 solo muestran la nitidez de una profunda crisis que afecta directamente a todo el tejido productivo y que equivocarse en sus decisiones puede ser devastador para la recuperación.