De hecho, la parlamentaria de Orain Bai Laura Pérez se ha quejado de que los informes jurídicos "van modificando los criterios sobre la marcha y siempre esos criterios benefician a una sola de las partes", por lo que a su vez ha pedido un informe sobre estos criterios.

De esta manera, no hay novedades en torno a la situación del grupo parlamentario de Podemos-Orain Bai. La Mesa dio el pasado lunes diez días de plazo para que Orain Bai subsanara el defecto de forma, consistente en que el escrito inicial solo llevaba la firma del portavoz del grupo, Carlos Couso, y debería llevar, según un informe del letrado mayor, el aval de la mayoría del grupo.

Laura Pérez ha explicado que no han subsanado este error porque "hacemos valer que la firma del portavoz es la que expresa la voluntad mayoritaria del grupo, y nos sorprende que nos pidan subsanar el escrito, cuando no se ha pedido en anteriores ocasiones". "Mucho nos tememos que luego venga cualquier otra petición", ha indicado.

Según la parlamentaria foral, "en cada uno de los informes jurídicos se introducen consideraciones políticas que no son ni objetivas ni jurídicas". "El portavoz del grupo no ha sido expulsado del partido, no basta con decir que ha quedado fuera del partido, se tiene que llevar a cabo un proceso garantista donde se demuestre que se han incumplido los criterios internos", ha dicho, y ha señalado por ejemplo que ella discrepa sobre su propia expulsión, que está judicializada.

Este mismo lunes, los miembros de Orain Bai han convocado a una reunión a los parlamentarios de Podemos para abordar la situación. Laura Pérez ha esperado que sus todavía compañeros de grupo parlamentario acudan y ha afirmado que "el objetivo es garantizar la unidad del grupo parlamentario y que pueda funcionar cada uno dentro del grupo con su propia denominación para no generar confusión a la ciudadanía".

Además, sobre la disponibilidad del dinero que el grupo tiene bloqueado, Orain Bai quiere girar facturas al Parlamento y cobrarlas con ese dinero, una vez que el Legislativo haya comprobado que las facturas se corresponden con actividad propiamente parlamentaria.