Cuando Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018, después de salir victorioso de la moción de censura contra Mariano Rajoy, los Presupuestos Generales del Estado que regían la economía española habían sido elaborados por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El PSOE, con el propio Sánchez al frente, enmendó a la totalidad aquellas Cuentas. «Consolidan un crecimiento sin derechos», decía el líder socialista de aquel proyecto en abril de 2018, cuando su formación llegó a presentar un documento titulado Siete razones para un 'no' a los Presupuestos. Sin tiempo para elaborar sus propias Cuentas para los seis meses que restaban de 2018, los Números de Montoro fueron prorrogados el 1 de enero de 2019 mientras el Gobierno centraba sus esfuerzos en elaborar un proyecto para ese año. Y lo presentó en el Congreso en febrero con el objetivo de consolidar una legislatura que había comenzado de manera insólita, pues nunca antes en España se había logrado derrocar a un Ejecutivo mediante una moción de censura. Sin embargo, la Cámara Baja no respaldó al Gabinete de Sánchez, lo que llevó al país a las urnas -por dos veces-. Y mientras, impasibles, los Presupuestos de Montoro siguieron marcando el devenir del país. Una situación también inédita en el país, pues nunca antes unas Cuentas habían tenido que ser prorrogadas dos veces de manera consecutiva.
Así, no fue hasta finales de 2020, ya con Podemos en el Ejecutivo, cuando el líder socialista vio, por fin, como el Congreso apoyaba un proyecto elaborado por él y su equipo gracias a una amplia mayoría formada por fuerzas de izquierdas, regionalistas, nacionalistas, independentistas y abertzales. Una amalgama de siglas que, un año después, vuelve ahora a respaldar otros Presupuestos, los de 2022, en la Cámara Baja. Una votación que no solo bendice el proyecto anual más importante de cualquier Ejecutivo, sino que sirve también para apuntalar la legislatura. La oposición, mientras, se pregunta el precio de esos apoyos. Y no se refiere solo a un coste monetario propiamente dicho, aunque los pactos con ERC, Bildu, PNV, PDeCat, Más País, Compromís, Teruel Existe, PRC y Nueva Canarias para asegurar la mayoría en el Congreso le han costado a Moncloa cerca de 300 millones de euros, que superan los 400 si se tienen en cuenta diversas cesiones paralelas.
Netflix en catalán
Eso sí, de momento, lo que parecía atado y bien atado por parte de Moncloa, ha sufrido un revés esta semana, justo cuando las Cuentas aterrizaron en el Senado. La Ley Audiovisual ha tenido la culpa de la amenaza de uno de los socios prioritarios de Sánchez, ERC. Cuando los independentistas cerraron el pacto presupuestario, una de las claves, aceptada por el PSOE, fue la inclusión en esta norma de la obligatoriedad de que, al menos, el seis por ciento del contenido ofertado por todas las plataformas audiovisuales deberá ser en lenguas cooficiales. Sin embargo, unos días después, el Gobierno presentó el anteproyecto de la Ley que, aunque incluía la exigencia de los republicanos, excluía de su cumplimiento a las firmas internacionales, como HBO o Netflix. Según explican fuentes de Moncloa, no se puede aplicar esa cuota a empresas que no tengan su sede en España por debido a la directiva europea. ERC dio por roto el acuerdo y no se creyó la explicación del Gobierno, por lo que amenaza con tumbar los Presupuestos.
El agua, seguramente, volverá a su cauce, porque el no a las Cuentas derivaría en un adelanto de las elecciones generales que no conviene ni a PSOE ni a ERC.
Posible prórroga
La apuesta de Pedro Sánchez, al menos pública, es agotar su mandato hasta 2023. Con unos Presupuestos que incluyen los fondos europeos y que recogen los posibles escenarios después de la pandemia, este propósito es aún más factible. Eso sí, tanto PSOE como Podemos dan por seguro que serán las últimas Cuentas de la legislatura, lo que indica que será prorrogadas para 2023. Y es que está por ver cómo evolucionan los continuos enfrentamientos de la coalición del Gobierno que pueden ir a más cuando aparezcan en el horizonte citas electorales, como los posibles comicios en Andalucía en 2022.
Más allá de la tensión interna del Ejecutivo, que de momento van capeando socialistas y morados, y del creciente malestar social que se refleja en el aumento de movilizaciones en las calles, el Gobierno deberá cumplir también con aquellas fuerzas que le han permitido pasar el trámite en el Congreso con holgada mayoría. Y como demuestra la amenaza de ERC, no será sencillo.
Como escribió el Financial Times, los Presupuestos se han convertido en «un gran bazar» de reivindicaciones. Una modernización del «café para todos» que auguró el por entonces ministro Manuel Clavero cuando se negociaban en la Transición los estatutos de autonomía de las regiones. Más allá de los compromisos en inversiones autonómicas -histórica exigencia de los partidos nacionalistas y regionalistas en las negociaciones- está por ver, por ejemplo, el impacto del acuerdo del Ejecutivo con Bildu. No hay que olvidar que Arnaldo Otegi aseguró a los suyos que apoyaría los Presupuestos si ese era el precio a pagar por la excarcelación de los dos centenares de presos etarras que aún siguen en la cárcel.
En el seno del Gobierno, sin embargo, se lanza el mensaje de no mirar quién apoya sino lo que se apoya. Es decir, Moncloa exige poner el foco en las medidas que recogen las Cuentas y no las formaciones, ante la censura de PP, Vox y Ciudadanos por pactar los Presupuestos y hacer cesiones a partidos como ERC y Bildu.