Según la CNMC, las empresas "crearon una trama para repartirse y encarecer los concursos del departamento de Educación" desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 1 de diciembre de 2018", lo que conlleva un sanción de 3,36 millones de euros, más otros 15.000 euros a la Asociación Navarra de Empresarios del Transporte por Carretera y Logística (ANET) por articular el acuerdo, así como la prohibición de contratar con la Administración.
Estas empresas, añade la Comisión, habían creado una trama para amañar los concursos públicos de Educación para el transporte de alumnado de Primaria y ESO, lo que durante ocho años les permitió repartirse las rutas de su elección estableciendo turnos y compensaciones para asegurar carga de trabajo y precios.
La CNMC afirma que la existencia de la trama ha quedado reflejada, al menos, en la licitación para el curso escolar 2013/2014 y sus prórrogas y en la licitación para el curso escolar 2017/2018.
Y subraya que la investigación ha revelado "un comportamiento coordinado, de modo que cuando una de las empresas se ha presentado a un lote, ninguna otra de las partícipes en el acuerdo lo han hecho, a pesar de tener solvencia técnica para hacerlo".
"De no existir acuerdo entre las empresas y las UTE, las empresas habrían presentado ofertas a los mismos lotes para tener más posibilidades de obtener algún contrato y habrían competido en precio y condiciones, lo que en última instancia habría producido un beneficio para el consumidor final", destaca.
El expediente se inició tras la puesta en conocimiento por la Intervención General de la Comunidad Foral de Navarra al Servicio de Consumo, Arbitraje y Defensa de la Competencia de la posible existencia de prácticas prohibidas por la Ley de defensa de la competencia.
El expediente ha contado con e llevaron a cabo tres inspecciones domiciliarias en la sede de ANET, así como en las sedes de las empresas Compañía Navarra de Autobuses, S.A. y Eugenio Díez, S.A, las cuales permitieron recabar las pruebas de la existencia del cártel.
La CNMC considera "acreditada la existencia de una infracción muy grave del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia" y recuerda que de toda infracción de falseamiento de la competencia se deriva la prohibición de contratar con la Administración por un periodo que deberá fijar la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, aunque los afectados pueden acudir a lo contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.