En relación al resto de comunidades, Cataluña (78.732 millones de euros), Comunidad Valenciana (47.084 millones), Andalucía (35.409 millones) y Madrid (33.270 millones) siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos. No obstante, las cuatro más endeudadas han reducido el importe en términos absolutos.

A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (14.714 millones), Galicia (11.342 millones), Castilla y León (12.360 millones), País Vasco (10.041 millones), Murcia (9.232 millones) e Islas Baleares (8.706 millones).

Cierran la tabla Aragón (8.251 millones), Canarias (6.808 millones), Asturias (4.351 millones), Extremadura (4.622 millones), Navarra (3.445 millones), Cantabria (3.171 millones) y La Rioja (1.591 millones).

Navarra cerró 2018 con una deuda pública de 3.445 millones

En porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 41,7 por ciento, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha, con el 35,4 por ciento, y Cataluña con el 34 por ciento. En cambio, País Vasco (13,5%), la Comunidad de Madrid (14,6% del PIB) y Canarias (14,8%) son las que menor deuda tienen respecto al PIB.

MADRID Y BARCELONA SIGUEN REDUCIENDO SU DEUDA

En cuanto a los ayuntamientos, entre los que cuentan con más de 300.000 habitantes, Madrid, con una deuda de 2.762 millones de euros, sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, seguida de Zaragoza (855 millones) y Barcelona (837 millones).

No obstante, las tres han reducido su endeudamiento respecto al año pasado (Madrid 662 millones; Barcelona dos millones y Zaragoza 80 millones), si bien respecto al tercer trimestre la Ciudad Condal la elevó en 40 millones, mientras que Madrid la bajó en 452 millones.

CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La deuda del conjunto de las administraciones públicas se incrementó en 2018 hasta los 1.173.988 millones de euros, con lo que marcó nuevo máximo histórico y cerró el ejercicio en el 97,2 por ciento del PIB, nueve décimas menos que 2017 pero tres décimas por encima del objetivo marcado por el Gobierno del 96,9 por ciento del PIB.

En concreto, la tasa de crecimiento del saldo de deuda fue del 2,6 por ciento en términos interanuales y, utilizando el PIB nominal de 2018, la ratio de deuda sobre PIB se situó en el 97,2 por ciento en el cuarto trimestre de 2018, un punto porcentual menos que en 2017, pero tres décimas por encima de la meta marcada por el Gobierno.

En términos absolutos, la deuda pública alcanzó su nivel anual más alto de la historia, con 1,174 billones de euros, por encima del ejercicio 2017 (1,144 billones de euros), 2016 (1,107 billones de euros) y 2015 (1,073 billones de euros).

Por administraciones, la deuda se incrementó a nivel interanual tanto en el Estado como en las comunidades autónomas y la Seguridad Social, mientras que descendió en las corporaciones locales. En concreto, la deuda de la Administración Central del Estado se elevó a 1.048.153 millones de euros en 2018, lo que representa el 86,7% del PIB y supone un incremento interanual del 3,7 por ciento, sin apenas variación a nivel trimestral.

Por su parte, el endeudamiento de las comunidades autónomas creció hasta los 293.128 millones de euros, el 24,3 por ciento del PIB, con un aumento del 1,7 por ciento interanual y del 0,2 por ciento trimestral.

Por el contrario, la deuda de las corporaciones locales se situó en 25.781 millones de euros, lo que supone un 11,3 por ciento menos que hace un año y un ocho inferior a la del tercer trimestre, representando la deuda de los ayuntamientos el 2,1 por ciento del PIB.

Por su parte, la deuda de la Seguridad Social se situó en 41.194 millones de euros, con un incremento de 11.676 millones (+50,4%) respecto al mismo periodo del año pasado y un 18,1 por ciento más que en el tercer trimestre de 2018. Este saldo supone un ratio sobre PIB del 3,4 por ciento.

En términos de PIB, el porcentaje de deuda se ha mantenido en el 86,7 por ciento en el Estado y se ha elevado en 1,1 puntos porcentuales en el caso de la Seguridad Social (3,4%) respecto al año 2017, mientras que ha descendido en cuatro décimas en las comunidades autónomas (24,3%) y en cuatro décimas en los ayuntamientos (2,1%).