Tras décadas guardados bajo llave, hay secretos que podrían estar a punto de ver la luz. Con la premisa de abrir ese candado, el Gobierno ha dado luz verde recientemente al proyecto de ley de información clasificada que prevé desbloquear el acceso a documentos sensibles del Estado anteriores a 1981.
El texto legislativo viene a sustituir la norma vigente, que data de 1968, y contempla desclasificar de forma automática la documentación oculta en un plazo de entre cuatro y 60 años en función de su naturaleza. Así, el considerado «alto secreto» decaerá tras 45 años, con una posible prórroga motivada de 15 años; los «secretos», tras 25 años con una posible extensión de 10; los «confidenciales, después de entre 7 y 9 años; y los «restringidos», entre 4 y 5 años.
En estas categorías se enmarcan buena parte de los acontecimientos políticos, culturales y sociales más relevantes del último siglo, como la Guerra Civil, la dictadura, los primeros pasos de la monarquía, la Transición y el fallido golpe de Estado del 23-F, así como las negociaciones entre los sucesivos Ejecutivos y la banda terrorista ETA hasta su disolución, el papel de España en la contienda de Irak, el conocido como caso Pegasus o los choques con Marruecos por la soberanía del Sáhara Occidental.
Aunque se desconoce exactamente el contenido de los legajos custodiados que podrían quedar al descubierto, estos son algunos de los episodios que pueden despertar mayor interés a historiadores, investigadores, periodistas y afectados.
La Transición y la Corona
Otro de los asuntos que despierta interés tiene que ver con los pormenores de la llegada a la Jefatura del Estado de Juan Carlos de Borbón, después de que Francisco Franco le nombrara en 1969 su sucesor.
La información clasificada de esos años se desclasificará automáticamente cuando entre en vigor la ley, lo que permitirá arrojar luz sobre episodios clave de la Transición, los primeros pasos de la actual monarquía parlamentaria, la ley de reforma política, la amnistía o la legalización del Partido Comunista de España (PCE).
Asimismo, puede desvelarse información sobre las gestiones que hizo el rey Juan Carlos ante el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Sin embargo, habrá que esperar muchos más años para saber, por ejemplo, si hay documentos clasificados sobre su abdicación en junio de 2014 y su marcha de España seis años después, coincidiendo con la polémica sobre el origen de su fortuna.
El terrorismo
Una futura desclasificación automática podría revelar detalles desconocidos sobre la banda terrorista ETA y las negociaciones llevadas a cabo por los sucesivos Gobiernos hasta su disolución el 3 de mayo de 2017, tras casi 60 de actividad criminal, que dejaron más de 850 víctimas.
Para Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, hay asuntos que «no deberían desclasificarse nunca», sobre todo los relativos a víctimas o testigos protegidos.
Por lo demás, Portero considera que es «muy saludable y democrático» que se conozca la documentación que pueda haber sobre los pactos de los distintos Ejecutivos con la organización terrorista. «Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo han negociado sus representantes políticos con una banda que ha asesinado a casi un millar de personas», apunta.
El levantamiento del secreto oficial permitiría quizá también saber cómo se fraguaron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que, entre 1983 y 1987, protagonizaron la denominada guerra sucia contra ETA, una etapa sobre la que, desde hace años, los partidos nacionalistas e independentistas vascos exigen transparencia.
En este punto, también se espera conocer qué ocurrió el 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, cuando la explosión casi simultánea de diez bombas en cuatro trenes de Cercanías en Madrid causó la muerte de 193 personas y heridas a unas 2.000, el mayor ataque terrorista en la historia de España.
Crímenes franquistas
La represión durante la dictadura franquista dejó casos sin resolver de torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones políticas, encarcelamientos arbitrarios y trabajos forzados, según relata Amnistía Internacional.
Desde hace años, la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica trata de localizar la documentación que se elaboró entonces con el objetivo de tener acceso a los listados de fosas comunes y exhumaciones, confidentes del régimen, así como a datos sobre apropiaciones de bienes que pudieron beneficiar a particulares y empresas en el franquismo o información sobre los negocios de la familia Franco.
España y Marruecos
España y Marruecos protagonizaron durante años históricos desencuentros sobre la soberanía del Sáhara Occidental y la desclasificación de secretos oficiales podría iluminar episodios como la Marcha Verde protagonizada por miles de marroquíes en 1975 y la posterior salida del Ejército español.
Con el Gobierno de Pedro Sánchez cambió la posición tradicional de España respecto a la antigua provincia española, pero todavía habrá que aguardar para conocer los informes que llevaron a ese giro.
Las negociaciones para frenar los flujos irregulares de inmigrantes o las reivindicaciones soberanistas marroquíes sobre Ceuta y Melilla estarán también bajo la lupa de los investigadores.
La exportación de armas y la guerra de Irak
¿Con qué países ha comerciado España?, ¿A quién ha vendido armas? La apertura de expedientes podría arrojar luz sobre las relaciones internacionales del país con todo tipo de estados.
Cuestión de especial interés es el papel de España en la guerra de Irak, que comenzó en marzo de 2003, aunque los «altos secretos» de esa época no se podrán conocer hasta 2048.
Desde el principio de la crisis, el Gobierno mantuvo una política de apoyo incondicional a Estados Unidos y se convirtió, junto al Reino Unido, en el máximo valedor de las tesis estadounidenses. ¿Qué hubo detrás de ese apoyo? ¿Cómo se llegó a la foto del «trío de las Azores» -George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar-?
Amnistía Internacional confía en que la nueva ley aporte transparencia sobre asuntos como la venta de armas a Arabia Saudí durante el conflicto de Yemen, violaciones de derechos humanos o el caso Pegasus.