España está bajo el foco de Bruselas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez acumula una lista creciente de tirones de orejas y de sonoros portazos por parte de la Comisión Europea y del Parlamento comunitario. La amnistía interesada a los líderes del procés, las sospechas de corrupción en los contratos públicos, la opacidad en la financiación de partidos y la resistencia a comprometerse con el gasto en Defensa han sido algunos de los asuntos que han colocado al Gobierno español en la diana de la crítica continental. 

En este contexto, el Partido Popular Europeo no ha escatimado calificativos contra el Ejecutivo. Manfred Weber, su líder, llegó a señalar al Gobierno de Pedro Sánchez como «el punto débil de Europa», denunciando su falta de solidaridad institucional y su alineamiento más político que estratégico en temas clave para la estabilidad continental como el aumento del gasto en Defensa.

 España ahora colecciona advertencias que realmente son avisos de que la política interna ya no es una cuestión que se pueda resolver de puertas adentro. Bruselas observa, evalúa…y lo cierto es cada vez reprueba con más severidad.

El tirón de orejas más fuerte hasta el momento llegó con la evaluación de la ley de amnistía que borró los delitos del procés a cambio de sostener a Pedro Sánchez en la Moncloa con los siete votos prestados por los independentistas de Junts. 

El reciente examen de la Justicia de la UEa la cuestionada norma no hizo más que aumentar las dudas y poner en evidencia su falta de solidez, echando por tierra el relato que sustenta el Gobierno.

La vista celebrada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) visibilizó no solo las incertidumbres que plantea la ley a la Corte de Luxemburgo, sino que puso sobre la mesa los serios reparos de la Comisión Europea, que ve una «autoamnistía» detrás de la medida de gracia con el único propósito de «blindar» a los socios independentistas de Pedro Sánchez a cambio de los votos necesarios para su investidura. 

Valores incompatibles

En este punto, la judicatura de la Unión subrayó que acciones de estas características «no son compatibles» con los valores del bloque de los 27.

En síntesis, la Comisión Europea cuestionó ante el TJUE que la norma no responde realmente a un interés general, sino que «parece constituir una autoamnistía» surgida de un simple acuerdo político para garantizar la investidura de un Pedro Sánchez que perdió las últimas elecciones generales y necesitó armar una mayoría inestable con toda una amalgama extraña de aliados.

Aunque la legislación que concede la inmunidad a los implicados en la intentona separatista viene avalada por el visto bueno del Tribunal Constitucional español, la Comisión mantiene sus dudas sobre su justificación política y legal.

Después de la amnistía, otro fuerte correctivo que recibió recientemente el Ejecutivo vino por la advertencia de corrupción que lanzó Bruselas. 

La Comisión alertó de que ve un «alto riesgo» de corrupción en los contratos públicos españoles y también en el capítulo referido a la financiación de los diferentes partidos políticos.

 En su informe anual correspondiente a 2024 sobre el Estado de Derecho, Bruselas llamó la atención sobre el peligro de que la corrupción se extienda (además de en la contratación pública) a otros sectores que considera «claves» como la financiación de los partidos y los proyectos de infraestructuras. 

Para añadir más sal a la herida, el documento salió a la luz en medio de la crisis que azota al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE precisamente por las imputaciones de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García por presuntas mordidas vinculadas a contratos de obra pública.

«La financiación de los partidos políticos persiste como área de alto riesgo y no se han dado pasos para reformar la legislación electoral en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas», detalla también el dossier.

El informe, que consta de 27 páginas, puso de manifiesto la inquietud de Bruselas ante la prolongada duración de las investigaciones y los procesos judiciales en casos de corrupción de alto nivel en España. 

En este contexto, apremió a «mejorar la eficiencia, completando la reforma del Código Penal», entre otras iniciativas. 

Asimismo, resaltó que el Gobierno tiene la obligación legal de implementar una estrategia para prevenir y combatir la corrupción, algo que «aún no se ha puesto en marcha», y advirtió que «la aplicación de la normativa sobre soborno internacional continúa siendo limitada».

Por otro lado, afeó que la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción en el sector público español es elevada. Según el Eurobarómetro de este año, el 89% de los ciudadanos cree que estos casos están en aumento en el país, una cifra que supera ampliamente la media europea, situada en el 69%.

Fusiones bancarias

El capítulo estrictamente económico tampoco ha sido ajeno al ojo de lince de los supervisores comunitarios. En concreto, su atención se ha centrado en las zancadillas del Ejecutivo a la opa del BBVA al Sabadell.

Este mes de julio, la Comisión Europea anunció el inicio de un procedimiento de infracción por los bloqueos a esta maniobra de fusión, argumentando que se estaban violando competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y las libertades de capital y establecimiento. 

En la práctica, este protocolo de actuación equivale a una denuncia al Gobierno de Pedro Sánchez por sus intentos de obstaculizar la oferta hostil del BBVA de más de 13.000 millones a la entidad catalana.

También en el apartado financiero, Bruselas congeló más de 1.000 millones de euros de los fondos Next Generation debido a que España no cumplió con las reformas exigidas.

Siete portazos al catalán

Hace poco más de una semana, Moncloa volvió a toparse con Europa; en este caso a cuenta del enésimo intento para hacer del catalán una lengua oficial y colar en la misma tentativa el euskera y el gallego.

Pese a los denodados esfuerzos diplomáticos del Gobierno español para cumplir con una exigencia irrenunciable del independentismo, la Unión Europea volvió a dar un nuevo portazo a la oficialidad del catalán.

 Las dudas legales, los costes millonarios (132 millones anuales que el Ejecutivo insiste en que financiará íntegramente tirando de las arcas públicas) y la falta de consenso enviaron de nuevo al cajón una propuesta que no logra despejar las incógnitas prácticas que plantea, ni tampoco convencer de la urgencia que esgrimen los socialistas para zanjar algo que los países comunitarios ven como algo secundario.

El nuevo fracaso diplomático quedó patente en el debate de algo menos de una hora que los ministros dedicaron al asunto, donde la oficialidad de las lenguas regionales encalló por séptima vez desde que España la puso sobre la mesa en 2023, con el rechazo de cerca de una decena de países y las reservas de los servicios legales del Consejo.

Así lo reflejó el ministro de Exteriores luxemburgués, Xavier Bettel, al advertir que actualmente, en una etapa de enormes tensiones geopolíticas, «no es el momento adecuado» de poner encima de la mesa esta cuestión. Incluso, dejó una reflexión final llena de sentido común sobre el orden de prioridades. «Sigue la guerra en Ucrania y hemos necesitado semanas para acordar las sanciones a Rusia, todavía no hemos podido alcanzar un alto el fuego en Palestina, ¿pero nos centramos en aprobar el catalán, el gallego y el euskera?», razonó.

Más atrás en el tiempo, Bruselas presionó a España insistentemente para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado durante años por intereses meramente partidistas, apuntando a la necesidad de que los jueces elijan a sus representantes, no los partidos para ahondar en la despolitización del sistema de elección, lo que evidenció otro tirón de orejas.