Algo se mueve en Bruselas. La carrera desenfrenada por convertir toda la unión Europea en poco menos que un parque nacional mediante normativas verdes sin calibrar sus consecuencias está chocando de frente con la realidad productiva de los países miembros. La Ley de Restauración de la Naturaleza está atascada en el Parlamento. La prohibición del glifosato se está cuestionando. La reducción de fitosanitarios parece que ya no va a ser tan urgente ni drástica. Es posible que el lobo pueda volver a cazarse para controlar sus poblaciones y echar un cable a los ganaderos.

No es cuestión de desdeñar la conservación del medio. De hecho, son los propios productores los primeros interesados en trabajar en un entorno sano y en buen estado. Pero no se puede conseguir a costa del sector primario y es el propio sector primario el que se lo ha hecho saber a las autoridades europeas en los últimos años. Las cada vez más reiteradas protestas de los agricultores y los ganaderos (las últimas celebradas recientemente en Córdoba aprovechando la reunión informal de ministros de Agricultura), han hecho ver con nitidez a los responsables de la UE que las medidas que exigen para preservar el medio ambiente en el campo van más allá de lo razonable y dificultan la obtención de rentas dignas.

En el compacto bloque de las normativas tan restrictivas de la PAC que regula la producción agropecuaria también comienzan a aparecer algunas grietas. La Comisión Europea estudia desechar las estrictas normas de bienestar animal que exige a las granjas europeas, como la prohibición del uso de jaulas para el ganado, la matanza de pollos de un día y la venta y producción de pieles, según una información del rotativo inglés The Financial Times, en la que cita como fuentes a varios funcionarios comunitarios.

Para la Alianza UPA-COAG, que se hace eco de la información de periódico británico, si finalmente la UE abandona sus planes para endurecer las normas de bienestar animal se iría en la buena dirección, pues, hoy, la observancia de tales disposiciones supondría un sobrecoste productivo superior al 15% en cada explotación ganadera. Además, la aplicación de las nuevas normas encarecería el precio de la carne de cerdo, pollo y conejo o de los huevos entre un 20% y un 30%, abundando en la escalada del precio de los alimentos y, por ende, en la consolidación de una inflación disparada que está lastrando la economía continental y acrecentando las dificultades de millones de ciudadanos para llenar la nevera. Unos efectos perversos que se agravarán con la pretensión de la UE de alcanzar en 2030 un 25% de la superficie agraria cultivada en ecológico.

UPA-COAG considera que la crisis crónica que vive el sector primario se asienta sobre un taburete de tres patas. Si bien dos de ellas, como son la sequía y el desmesurado coste de los medios productivos, no gozan de horizontes de esperanza a medio plazo, la tercera, las imposiciones y condicionantes medioambientales de la PAC que lastran la rentabilidad de la actividad agropecuaria, pudiera ser que gozara de una cierta relajación si se confirman esta tendencia.

Y el cuestionamiento de la prohibición de las jaulas es la última señal. The Financial Times publicaba este lunes la información referida, elaborada a partir de una filtración de técnicos comunitarios, en la que anuncia la existencia de un debate abierto en el seno de la Comisión acerca de desechar sus planes para endurecer el nivel de exigencia de las medidas de bienestar animal a las explotaciones ganaderas.

Ayuda y reciprocidad.

La tesis oficial es que dicha suavización se haría para que el sobrecoste que supone su aplicación no repercuta más en la escalada del precio de los alimentos y contribuya a engordar una inflación ya muy elevada. UPA-COAG considera que mantener objetivos tan ambiciosos en las normas de producción interna de alimentos podría arruinar no sólo a miles de explotaciones ganaderas, sino a millones de consumidores en la UE.

Tampoco se puede olvidar que el próximo mes de junio se celebran unas elecciones al Parlamento Europeo que no solo renovarán o confirmarán a los diputados de esta cámara comunitaria, sino que también iniciarán el proceso de renovación de los principales organismos europeos, incluido el propio Gobierno de la Unión Europea, esto es, la Comisión Europea.

La Alianza UPA-COAG y los ganaderos en su conjunto nunca han considerado adecuado extremar las medidas de bienestar animal ya existentes y siempre han defendido (y así lo ha corroborado también el COPA-COGECA, que representa a los agricultores y ganaderos en Bruselas) que en caso de adoptarse sería imprescindible que vinieran acompañadas de ayuda financiera para implementarlas y que las mismas normas se aplicasen también a la carne importada de terceros países, esto último absolutamente inalcanzable a día de hoy.

En este sentido, el propio COPA-COGECA advierte, al hilo del Pacto Verde que profundiza en la sangría de la maltrecha productividad agraria, de la «distancia cada vez mayor entre Bruselas y las zonas rurales» y condena el «enfoque punitivo (de la Comisión) que no habla de soluciones concretas, facilitadores y viabilidad financiera».

Bienestar sí, pero no a cualquier precio.

Los ganaderos son los primeros interesados en mantener en buen estado a sus animales y el hecho de que renieguen de normas como la eliminación de las jaulas no va en contra de ese bienestar. Prueba de ello es el II Simposio Internacional sobre Bienestar Animal Europeo que se celebra este jueves en Bruselas con 600 inscritos. Organizado por las interprofesionales Interovic, Provacuno y JTT (carne de ovino en Hungría), y con la dirección técnica de la Sociedad Española de Protección Animal (SEPROBA), ofrecerá a los asistentes, tanto presenciales como online, las últimas novedades relacionadas con el bienestar animal ganadero. El evento cuenta con los expertos más relevantes en bienestar animal de Europa y representantes de las principales empresas y organismos clave. Se ofrece más información en www.bienestaranimaleuropeo.com/simposio.