«La unión de las últimas decisiones de Bruselas ha generado un escenario crítico y de máxima incertidumbre para el sector agrario español». Así se explica José María Castilla, director de ASAJA en Bruselas. Y no le faltan razones para expresarse así. Al anuncio la semana pasada de unos recortes en la Política Agraria Común (PAC) que han levantado ampollas en todo el sector se une la inminente ratificación del acuerdo de la Unión Europea (UE) con el bloque de Mercosur y la comunicación, el domingo, del establecimiento de aranceles del 15% a todos los productos comunitarios por parte de la Administración estadounidense.

Solo un día después de que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerrasen el acuerdo, el sector reaccionó calificándolo de «injusto», aunque considerando también que se trata de un «mal menor», teniendo en cuenta las previsiones que había. El foco se pone principalmente en cómo será el impacto para el aceite de oliva y el vino, los alimentos más exportados a ese destino.

Desde la patronal de la industria de alimentación y bebidas (FIAB), su presidente, Ignacio Silva, declaró que para el sector los aranceles son siempre «una mala noticia, por mucho que las expectativas (sobre el importe arancelario) fueran mayores». FIAB ve «desequilibrado» este pacto aunque «es mejor (...) que una guerra comercial», a la vez que  reclama medidas de acompañamiento para las empresas más vulnerables.

Al campo español le caen de todas partes - Foto: Rueda VillaverdeLa Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva) lamenta la imposición de estos aranceles para los productos de la UE, ya que supone una «distorsión» del mercado internacional. El estadounidense es un mercado estratégico e «insustituible» para el aceite de oliva español, precisa la organización. Para el director adjunto de Asoliva, Rafael Pico, se trata de una «muy mala noticia» para un sector que ha hecho «grandes inversiones» en los últimos años y añade que ahora puede suponer el «deterioro económico de toda su cadena».

La Federación Española del Vino (FEV), por su parte, advierte de que el acuerdo podría lastrar el comercio vinícola con este país hasta en un 10%. En 2024, Estados Unidos fue el primer mercado para los vinos envasados españoles, por lo que la federación considera «vital» luchar por eliminar dicho arancel general del acuerdo marco.

Desde otros sectores relevantes, como el cárnico, señalan que es un paso «más esperanzador» que el anterior, aunque mantienen que es «injusto» y «perjudicial» gravar las producciones agroalimentarias. El director general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), Giuseppe Aloisio, sostiene que «sería bueno conocer cuanto antes todos los condicionantes y excepciones previstas».

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Trenzado, pide a la CE un papel más «ofensivo» en las negociaciones ya que podrían darse «nuevas presiones» o imposiciones porque, a su juicio, la UE ha cedido «un poco» a la presión en el contexto de las negociaciones.

ASAJA lamenta que existe «un cóctel de perspectivas bastante negativas» para el sector agrario europeo si se suma la subida de aranceles de Estados Unidos y la reciente propuesta de la CE de rebajar el presupuesto de la próxima Política Agraria Común (PAC) un 20%. La imposición de aranceles para el modelo que tiene la agricultura europea y española es «muy negativo», según la organización agraria.

COAG califica de «mal menor» el acuerdo frente a la posibilidad de haber llegado al 30% de aranceles, aunque no descarta «sorpresas» una vez se conozcan los detalles y su director técnico, José Luis Miguel, muestra cierto «alivio»; no obstante alerta de que «habrá que ver exactamente la letra pequeña».

Por su parte, el secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Huertas, ve «muy negativo» el acuerdo para el sector ya que «empeora la situación que tenía» y supone la «claudicación de los intereses europeos frente a Estados Unidos». «Es cierto que nos enfrentábamos a una amenaza de un arancel del 30%», reconoce, pero este acuerdo supone la consolidación de un arancel que además es superior al actual y que «amenaza la viabilidad de muchas exportaciones nacionales». Asimismo, ha lamentado que, de momento, no se plantee ningún tipo de reciprocidad, por lo que ha pedido medidas con presupuestos excepcionales para que los sectores afectados se puedan reestructurar.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos estima que se han despejado incertidumbres a cambio de la imposición de unos aranceles generales del 15% -teniendo en cuenta que podrían haber llegado al 30%- que serán un duro golpe para las exportaciones españolas de productos emblemáticos como vino y aceite y lamenta que la UE no haya sabido o podido defender mejor a sus productores.

La organización reconoce que el acuerdo aporta cierta estabilidad al comercio transatlántico, pero considera que «Trump ha puesto sobre la mesa que era susto o muerte y la UE ha tragado con susto, aceptando unas condiciones que perjudican gravemente a sus agricultores y ganaderos». Para Unión de Uniones, el resultado es un pacto desequilibrado que vuelve a mostrar que Bruselas es incapaz de hacer valer su peso político para proteger a sus sectores productivos, mientras les sigue cargando con normas internas de todo tipo.

A la expectativa.

En cualquier caso, casi todo tendrá que definirse a partir del próximo otoño. Por lo que respecta a la futura PAC, la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 reduce en un 22% el presupuesto, pasando de 387.000 a 302.000 millones de euros. El objetivo es integrar la política agraria en un fondo multisectorial junto con defensa, migración y empleo. Pero quedan al menos dos años de negociaciones entre los estados miembros y la Comisión para tener la versión definitiva.

Sobre este asunto, el Ministerio de Agricultura celebró hace unos días, por videoconferencia, tres sesiones de carácter técnico (con comunidades autónomas, entidades medioambientales, y organizaciones agrarias y cooperativas) para avanzar en la definición de la posición negociadora de España ante la futura Política Agraria Común. Estas sesiones marcan el comienzo de un proceso participativo y estructurado con el que el Ministerio pretende articular una posición nacional sólida, consensuada y alineada con los intereses estratégicos del sector agrario y del medio rural español en el marco de las negociaciones europeas.

De cara a los trabajos en el seno del Consejo de la Unión Europea (UE), se han anunciado tres grupos técnicos que comenzarán sus reuniones en las próximas semanas: uno sobre el Marco Financiero Plurianual, otro centrado en cuestiones agrarias de carácter horizontal (reglamento PAC), y un tercero dedicado al análisis de las disposiciones relativas a los mercados agrarios (Reglamento de la Organización Común de los Mercados Agrarios, OCM).

En cuanto al acuerdo con Mercosur ASAJA asegura que ha dejado deteriorada la confianza del sector y alerta de que el bloque agrario español es utilizado como moneda de cambio: «El campo español es de los grandes perjudicados» por el pacto, aseguran, ya que «multiplica la exposición mientras reduce la protección frente a importaciones reguladas con estándares más laxos». De todos modos, está aún por ratificar y hay países, como Francia o Polonia, que no lo ven con buenos ojos; al contrario que España, por cierto.

Y respecto a los aranceles del 15% que va a imponer Trump, todavía quedan exenciones por definir. Se publicará una lista de productos agrícolas «no sensibles» (se espera que queden incluidos frutos secos, quesos, lácteos, piensos, algunos tipos de fertilizantes...), pero los cultivos más estratégicos -aceites, vinos, frutas- podrían quedar fuera del alivio arancelario. Se trata de una imposición que llega justo cuando España pierde competitividad frente a productores con acuerdos preferenciales con EEUU (Chile, México o Turquía), al mismo tiempo que la UE abre el mercado a sus importaciones agrícolas sin reciprocidad (Mercosur).

Ante esta situación (PAC, aranceles, Mercosur), José María Castilla, de ASAJA en Bruselas, hace una propuesta de pasos urgentes a dar. En primer lugar exige transparencia sobre qué productos integrarán la lista de exenciones al arancel estadounidense. También reclama a España y Europa un presupuesto PAC con dotación suficiente e independiente y apuesta por una política comercial que proteja la producción local y permita competir en igualdad. Asimismo, llama a la movilización social pacífica pero contundente: «La defensa del campo es defensa de nuestra seguridad alimentaria».

Y concluye diciendo que «lo que se perfila exige coherencia política, diálogo urgente y posicionamiento firme en defensa de lo esencial: la agricultura viva y profesional como columna vertebral de nuestra soberanía alimentaria».