La Guardia Civil ha detenido en Tibi (Alicante) al responsable de una empresa al que se le atribuye haber estafado con la venta fraudulenta de furgonetas camper al menos a una decena de personas de Alicante, Barcelona, Granada, Baleares, Navarra y Sevilla, aunque el número de perjudicados podría ser mayor.

A través de una plataforma de compra y venta por Internet, anunciaba la venta de furgonetas de gran tamaño que presuntamente acondicionaba para ser habitadas. Una vez que cobraba por adelantado, desaparecía con el dinero sin entregar ningún vehículo.

El precio medio de la furgoneta camperizada rondaba los 20.000 euros y algunas víctimas llegaron a pagar más de la mitad del precio final, según un comunicado del instituto armado.

El sospechoso, de 46 años, tenía en vigor varias órdenes de búsqueda y detención emitidas por los juzgados de Ayamonte (Huelva) y Granollers (Barcelona) por otras estafas.

La investigación se inició el pasado 16 de junio, cuando una mujer denunció ante la Guardia Civil de Ibi (Alicante) haber sido víctima de una estafa que habría descubierto mientras veía un programa de televisión en una cadena de difusión nacional. En el programa, el equipo de reporteros trataba de indagar sobre una empresa que habría estafado a multitud de personas, ofreciendo un servicio de venta de furgonetas camper, pero que una vez que cobraba, desaparecía con el dinero sin entregar ningún vehículo.

Los agentes comprobaron la existencia de la empresa administrada únicamente por el sospechoso e inspeccionaron un taller en la localidad, ajeno a la estafa, en cuyas instalaciones el presunto autor tenía arrendadas varias plazas de estacionamiento de vehículos que presuntamente estaba adaptando para su venta como vehículos camper. En ese momento había allí ocho furgonetas.

Sin embargo, realizadas las inspecciones técnico oculares de los vehículos, se determinó que ninguno había sido mínimamente modificado, ni presentaba indicios de que fuese a realizarse en ellos camperización alguna.

Las pesquisas revelaron que se trataba de furgonetas importadas desde Alemania, que carecían de matriculación en España y cuyos titulares seguían siendo los anteriores propietarios, todos de nacionalidad alemana.

La empresa enviaba los contratos sin firma, sin fecha y sin especificación del plazo en el que se comprometía a entregar el vehículo una vez que fuera camperizado. Por otro lado, para que le realizaran el ingreso de los pagos, el empresario facilitaba a los estafados números de cuenta de los que nunca él era titular, tratando así de eludir la acción de la justicia.

La Guardia Civil continúa investigando los hechos y no se descarta que haya más perjudicados.