La Unión Europea lleva tiempo tratando de concienciar a los agricultores y ganaderos sobre la importancia de reducir las emisiones y aumentar la captura de carbono, además de promover prácticas sostenibles en el sector. La nueva PAC y algunos de los ecorregímenes que propone son un buen ejemplo de ello. Y ahora ha dado un paso más para que aquellos profesionales que adopten prácticas beneficiosas en este sentido puedan sacarle rendimiento económico además de medioambiental.
Este martes, los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político provisional sobre un reglamento para establecer el primer marco de certificación voluntario a nivel de la UE para las eliminaciones de carbono para impulsar su absorción y ayudar a lograr la neutralidad climática del club comunitario para 2050. El marco voluntario tiene como objetivo facilitar y acelerar la eliminación de carbono y contrarrestar el lavado verde (greenwashing, como se conoce al acto de engañar o confundir al consumidor sobre las prácticas sostenibles de una empresa o los beneficios ambientales de un producto o servicio).
Una vez adoptadas formalmente por el Consejo (los países) y la Eurocámara en una sesión plenaria, las nuevas reglas permitirán a los agricultores recibir pagos por eliminar carbono. La nueva ley también establece requisitos mínimos de sostenibilidad y un registro público de la UE para garantizar la transparencia. Además, cubre diferentes tipos de captura de carbono, desde el almacenamiento permanente, en particular a través de tecnologías industriales, al almacenamiento de carbono en productos duraderos o la agricultura de carbono.
Asimismo, el alcance de la norma se amplia para cubrir ciertos tipos de actividades de agricultura de carbono que reducen las emisiones de los suelos agrícolas, siempre que conduzcan a una mejora general del equilibrio de carbono del suelo. Así, la reducción de la liberación de metano procedente de la fermentación entérica (resultado de la digestión de las vacas) o la gestión del estiércol del ganado se incluirá como parte de la revisión de la normativa prevista en 2026.
La ley contempla diferentes unidades para la eliminación de carbono debido a sus diferencias e impacto ambiental. Por una parte, la eliminación permanente contempla el almacenamiento de carbono atmosférico o biogénico durante varios siglos y el almacenamiento temporal de carbono en productos duraderos (como la construcción a base de madera) durante al menos 35 años. Por la otra, se fija en cinco años el almacenamiento temporal de carbono procedente del cultivo de carbono (como restauración de bosques y suelos, gestión de humedales, pastizales) y la reducción de las emisiones del suelo (provenientes del cultivo de carbono y óxido nitroso), siempre que esas actividades den como resultado una mejora en el balance de carbono del suelo mediante el manejo de los humedales, la ausencia de labranza y prácticas de cultivos de cobertura combinadas con una reducción uso de fertilizantes.
Queda especificado que esas actividades no deben dar lugar a la adquisición de tierras con fines especulativos que afecten negativamente a las comunidades rurales. Para las actividades de agricultura de carbono, el acuerdo provisional brinda a los Estados miembros la posibilidad de asesorar a los agricultores sobre el procedimiento de solicitud y permitir sinergias entre el sistema de identificación de parcelas agrícolas de la PAC y la información generada por el proceso de certificación bajo este nuevo marco normativo.
Créditos de carbono.
Los créditos de carbono surgieron como consecuencia del protocolo de Kyoto de 1997. Fue la primera ocasión en que la comunidad internacional se marcaba objetivos conjuntos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera seria. A día de hoy, los créditos de carbono voluntarios son una herramienta para que las empresas que más CO2 emiten puedan aprovecharse de la actividad compensadora de otras que consiguen capturarlo. La agricultura es una de las actividades que más potencial tiene para absorber carbono de la atmósfera y esta nueva regulación que ha lanzado la UE servirá para certificar este secuestro de carbono y que los agricultores puedan beneficiarse económicamente de ello.
Hasta ahora, los créditos de carbono regulados eran los únicos que estaban respaldados por una certificación oficial. Sin embargo, esta nueva norma regulará también los créditos voluntarios y los agricultores cuya actividad absorba más CO2 del que emite podrán beneficiarse de ello vendiendo los créditos que generen a otras empresas que emitan más de lo que absorben o de lo que les está permitido por la regulación comunitaria.
Acogiéndose a un programa de créditos voluntarios, los agricultores pueden ir adecuando las prácticas agrícolas para secuestrar carbono y poder facturar créditos. Esto, además de proporcionar ingresos extra, puede acarrear otros beneficios, como acceso a financiación adicional para implementar prácticas más sostenibles; esta financiación permite invertir en tecnologías o equipos más eficientes, mejorar la gestión del agua o implementar métodos de producción más sustentables, lo cual establece un ciclo que se retroalimenta. Asimismo, la generación de créditos de carbono supone una diversificación de los ingresos, una mejora de la imagen y reputación de los alimentos que produce el agricultor y, en la mayor parte de los casos, una reducción de costes gracias a prácticas más sostenibles.