A Joaquín Galve le queda algo más de un año como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra siempre y cuando se renueve el Consejo General del Poder Judicial. De lo contrario tendría que seguir de forma indefinida al no poder hacerse nombramientos. Los jueces se pueden jubilar con 60 años y 30 de servicio con un límite hasta los 72 años. "Me quedarían 8 años para la jubilación forzosa pero creo que no la voy a cumplir porque no me siento con fuerzas", asegura en la entrevista concedida al programa Cara a Cara de Navarra Televisión.

Para el veterano magistrado navarro, la posibilidad de que en España se apruebe una ley de amnistía o una ley de "alivio penal", como se ha llegado a denominar, es una cuestión sin encaje constitucional. "No cabe en la Constitución de 1978 porque el artículo 62 dice que no están permitidos los indultos generales. Un indulto es incluso menos que una amnistía. Los indultos individuales se producen por causas muy justificadas y determinadas. Una amnistía para delitos que ni siquiera se han enjuiciado es una situación injusta porque es un agravio comparativo con personas que están cumpliendo condena. Los jueces tenemos que acatar la ley. Si hay una ley de amnistía o una ley de alivio penal podríamos proponer una cuestión de "inconstitucionalidad ".

LEY DEL "SOLO SÍ ES SÍ"

Cara a Cara con Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra - Foto: NATV

Galve considera que la salud de la justicia depende desde dónde se mire. "El poder judicial es el más valorado de todo el Estado y en Navarra es, probablemente, el sitio en el que mejor funciona".

Los procedimientos contra la libertad sexual ocupan ya el 60% del trabajo y "son muy desagradables", asegura.

El magistrado opina que la ley del "solo sí es sí" fue creada para agravar las penas, "pero no ha sido así", lamenta. "No es una buena ley cuando casi todos quienes la votaron la han tenido que rectificar. Llevamos 1.205 rebajas de penas y se siguen pidiendo revisiones, aunque cada vez menos".

Cara a Cara con Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra - Foto: NATV

Sobre la reciente rebaja en aplicación de la ley a uno de los integrantes de la "manada", Galve, que formó parte del juzgado que llevó a cabo la decisión, afirma que "contamos con que la sentencia era del Tribunal Supremo (TS) que dijo que las penas iban en una horquilla entre 14 años, 3 meses y un día y los 18 años. El TS dijo que la pena debía ser en un límite muy próximo al mínimo y puso 15 años. Ahora la ley, al rebajarse, va entre los 13 y 18 años. Nosotros hemos entendido que el límite próximo no es a 15 años como decía el TS antes de la ley, sino a 13.

La rebaja de la condena a Ángel Boza de 15 a 14 años fue con el voto discrepante de la magistrada y compañera, Esther Erice. "Se quedó en una posición minoritaria en cuanto a la decisión. Ella era la ponente del procedimiento y disiente como se disiente en otros procedimientos, de la forma más normal". Yo tenía claro desde el primer momento que una pena de 15 años no se puede considerar cercana a una de 13. Son dos años de diferencia y en ningún caso hubiera accedido a mantenerla".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora de esa ley, indicó que "cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no respondía al mandato de la ley". Para Joaquín Galve, este tipo de consideraciones demuestran "un desconocimiento de la ley bastante importante que les llevó a dar con una norma equivocada que tuvo el efecto contrario. Cuando llevas muchos años, lo que puedan decir u opinar de mi no me importa siempre que no se llegue al insulto".

Roberto Cámara se sienta 'Cara a Cara' con Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra - Foto: NATV

EDUCACIÓN DIFERENCIADA

Esta semana, el TSJN anunciaba que desestima el recurso presentado por el colegio pamplonés, Irabia-Izaga, contra la resolución del Gobierno Foral que obliga a los centros concertados a impartir educación mixta en el ciclo de Primaria. Tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que avala excluir de financiación pública a los centros que segreguen por sexos, la Sala de lo Contencioso del TSJN daba la razón al departamento de Educación. Para el presidente de los jueces, "otra cosa es si esto va a tener que ser aplicable únicamente en primaria o en el resto. Eso queda por resolver".

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