El comité de huelga de los funcionarios de la administración de Justicia ha anunciado este martes en rueda de prensa seis nuevas jornadas de paro para aumentar la presión hacia el Ministerio de Justicia, al que reclama una oferta de aumento salarial, y ha pedido formalmente la dimisión de la ministra, Pilar Llop.
Desde este miércoles quedan suspendidos los paros diarios entre las diez de la mañana y la una de la tarde que los funcionarios mantienen desde el 17 de abril y, en su lugar, se realizarán huelgas de jornada completa los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo, así como una concentración el jueves de la próxima semana frente al Ministerio.
Los sindicatos piden la dimisión de Llop
Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT trasladarán en los próximos días una "petición formal" de cese de Pilar Llop al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la pondrán en conocimiento de los grupos parlamentarios, según ha explicado el responsable de Justicia de CCOO, Luis Calero, quien ha acusado al Ministerio de "inutilidad manifiesta", y a la ministra, de ser "un cero a la izquierda en el Gobierno".
"No puede ser que todos los colectivos estemos en un error y la ministra lleve razón. Es casi seguro que será al revés", ha añadido Calero, tras mencionar los frentes abiertos del Ministerio: funcionarios de los juzgados y tribunales, abogados, y jueces y fiscales, quienes han amenazado en las últimas horas con iniciar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo.
También ha cargado contra su equipo, "personas que no tienen capacidad de negociación", y especialmente contra el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, a quien ha calificado de "persona incendiaria".
El portavoz de STAJ, José Luis Fernández, ha asegurado que Justicia empeoró su oferta durante la reunión con los sindicatos de este lunes, en la que las partes no acercaron sus posturas, y ha reprochado a la ministra "estar en la Feria (de Sevilla) tomando rebujito, jamón y gambas" en pleno conflicto abierto.
Javier Jordán, de CSIF, sindicato mayoritario en la Justicia, ha afeado que Llop aludiera a una "crisis económica" en sus declaraciones, "cuando el Gobierno dice que todo funciona de maravilla" y hace menos de un mes se llegó a un acuerdo con los letrados de la administración de Justicia que contempla un incremento salarial de entre 430 y 450 euros al mes.
Las movilizaciones de los funcionarios son la "crónica de una reivindicación anunciada", ha añadido Antonio Lozano, de UGT. "Fuimos bastante explícitos en que luego (tras el conflicto con los letrados) íbamos a poner encima de la mesa nuestras reclamaciones", ha recordado, y ha acusado al Gobierno de "secuestro" de la Justicia.
Los sindicatos también han arremetido contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que han pedido su intervención para desbloquear las negociaciones con una oferta económica, "premisa fundamental" para continuar con el diálogo.
Se endurece la huelga
Ante la falta de una propuesta económica por parte del Gobierno, los sindicatos convocan seis nuevas jornadas de huelga en el mes de mayo, que se suman a la ya anunciada para el próximo 4 de mayo, acompañada de una concentración frente a Justicia.
Y no descartan que estos paros de 24 horas se conviertan en una huelga indefinida diaria si siguen sin recibir una oferta retributiva por parte del Ministerio.
A cambio, suspenden los paros parciales diarios que han provocado en siete días la paralización de más de cuatro millones de expedientes y la suspensión de decenas de miles de juicios, según los convocantes.
Además, desde este miércoles hasta la huelga general del jueves que viene, los sindicatos harán asambleas a nivel autonómico, local y provincial "para explicar el cambio de formato y cuál es la situación", ha dicho Jordán.
Así, pretenden canalizar "el cabreo del personal de la administración de Justicia" y derivarlo organizadamente, ha añadido Calero, de CCOO.
Qué piden los funcionarios
Los sindicatos piden que se reconozcan, legal y retributivamente, las "funciones reales" de los trabajadores de juzgados y tribunales, una reivindicación que se remonta a "hace más de veinte años", pero que ha "resurgido" tras el acuerdo del Gobierno con los letrados.
"La tramitación de los procedimientos judiciales está en manos de estos funcionarios, por mucho que la ley establezca que quien tramita es el cuerpo de letrados de la administración de Justicia", ha afirmado Fernández (STAJ).
Por ello, reclaman una subida de sueldo de entre 350 y 400 -dependiendo de la categoría profesional- para los cuerpos generales y especiales, un total de 45.000 funcionarios que representan el 93 % de la plantilla de la administración de Justicia.
Asimismo, los sindicatos piden la paralización, hasta que se negocie con ellos, de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que supone "una profunda transformación" del servicio público de justicia.