¡El debate y la polémica están servidos. Solo el año pasado el Gobierno de coalición formado por PSOE y Podemos acercó a 103 presos a cárceles próximas al País Vasco, lo que significa que más de la mitad de los 195 reos de la banda terrorista que siguen entre rejas se encuentran ya a menos de 200 kilómetros de sus domicilios, mientras que en los penales andaluces, los más alejados, quedan una treintena, según los datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Los datos demuestran que los acercamientos se aceleraron a lo largo de 2020 en medio de las críticas de los partidos de la oposición y de las asociaciones como la propia AVT, que vinculan estas decisiones con el apoyo del PNV y de EH Bildu a las ampliaciones del estado de alarma y a la aprobación de los Presupuestos.
Con los 103 traslados de etarras que se produjeron el pasado ejercicio son ya 131 los acercamientos que se han otorgado a presos terroristas desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Así, en 2019 fueron 11 los reos que fueron trasladados y en 2018 lo hicieron 17.
La AVT cuestiona que, de los 131 etarras trasladados -algunos más de una vez, hasta sumar la cifra de 144 movimientos- por el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, 49 tienen delitos de sangre. También exigen colaboración previa con la Justicia en los casos aún sin resolver y piden una reunión con el titular ministerial porque entienden que ha incumplido lo que les prometió en 2018: que serían acercamientos puntuales, sin delitos de sangre y con la mayor parte de condena cumplida.
La crítica de la AVT se ve ampliada, más si cabe, ante el anuncio el pasado 30 diciembre del mayor traslado de reos de ETA en dos años, 11 reclusos, algunos de ellos históricos, como es el caso de Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, que acumula cientos de años de condena por su participación en el asesinato de ocho personas, entre ellos un niño de dos años. Además, Prisiones ha acordado progresarle del primer grado, el más duro, al segundo, lo que le permitirá pedir permisos.
También será trasladado Igor Portu, condenado a 1.040 años de prisión como uno de los autores del atentado en la T-4, en el que murieron dos personas en diciembre de 2006.
Una legalidad muy fina
Sin embargo, desde Interior sostienen que cumplen con la legalidad penitenciaria tras la derrota y disolución de ETA en 2018, que las decisiones sobre traslados se adoptan a propuesta de las juntas de tratamiento de las prisiones y que ninguna de ellas ha sido recurrida ni revertida por los tribunales.
Por el contrario, la AVT teme que en cuatro meses todos los presos de ETA pueden haber sido movidos a cárceles situadas en la zona norte, al tiempo que desconfían del perdón de los etarras al daño causado. Una herida que aún falta mucho por cerrar.