A un año de la celebración de las fuertes movilizaciones del campo en demanda de un conjunto de medidas para una actividad agraria sostenible bajo el eslogan de ‘Precios Justos’, el sector agrario ha iniciado y tiene en marcha un calendario de diferentes movilizaciones y protestas. Sin embargo, a diferencia del pasado año y sin dejar a un lado la demanda global en aras de una actividad rentable, las peticiones han bajado más sobre el terreno para ir desde reivindicaciones sectoriales a otras que afectan a territorios concretos, a temas medioambientales, a la biodiversidad (como la protección del lobo), a la distribución de los fondos de recuperación y resiliencia, a los apoyos para la mejora de la eficiencia energética en las explotaciones agrarias, a la implantación de energías alternativas y, además, a diferentes aspectos de la Política Agrícola Común.

La aplicación de la PAC constituye uno de los puntos más polémicos y acucia la necesidad de cerrar en los próximos meses el Plan Estratégico en el que se contemple la distribución de los fondos de cara a su presentación en Bruselas para antes de fin de año. La nota más destacable sería la existencia de aspectos en los que todo el sector agrario está de acuerdo y otros puntos donde hay una clara división de opiniones e incluso enfrentamientos dentro el propio sector.

Con carácter general, se critica el ajuste de ayudas directas del 1,98% este año y del 2% en 2022 frente a todas las declaraciones públicas oficiales en la que se contemplaba mantenerlas. Desde el sector se cifraba el ajuste en un 10% en relación con los fondos del periodo anterior considerando el efecto de la inflación.

La política de convergencia de ayudas en una misma región o entre regiones para corregir las actuales diferencias preocupa muy especialmente en Andalucía. El Ministerio pretende que un agricultor, por una misma actividad, cobre lo mismo. Esta política no es una cosa nueva en la PAC y su aplicación ya se contemplaba en 2015 con motivo de la reforma actualmente en vigor en el marco de la estrategia de la Comisión de lograr una mejor distribución de los fondos. Sin embargo, en aquel momento, los políticos consideraron que esa convergencia debería hacerse de forma lenta para evitar que los recortes en los pagos en una serie de explotaciones que pudieran haber hecho planes de inversión en función de eso recursos no truncaran los mencionados planes.

En este momento, Agricultura ha puesto en marcha un proceso de convergencia más acelerado en el mismo periodo transitorio entre una y otra reforma para que el pago más bajo en una región llegue al 70% de la media en 2021 y al 80% en 2022. El techo de ajuste en los pagos más altos para compensar a quienes tienen los cobros más bajos se sitúa en el 30%.

La propuesta, aunque ha levantado críticas en los colectivos que perciben las ayudas más elevadas, también ha contado con los recelos en otros medios del sector, desde donde se lamenta que no vaya acompañada de otras medidas de redistribución de fondos para las pequeñas explotaciones viables. Se rechaza la convergencia a «palo seco» que podría suponer recortar el pago a un pequeño productor que cobre por encima de la media, para compensar a una explotación de miles de hectáreas con bajos pagos por hectárea. La limitación de los pagos en los 100.000 euros por beneficiario y de aplicar los recortes progresivos desde los 60.000 euros ya parece como algo asumido por ese reducido colectivo de grandes perceptores y el ahorro resultante iría para mejorar los ingresos de las pequeñas explotaciones en una política redistributiva.

Por otra parte, el sector agrario reclama la aplicación más efectiva la Ley de la Cadena, desde el pago de los precios de coste en el campo a la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón de la distribución. En medios agrarios se reconoce la dificultad para aplicar esos precios de coste de la noche a la mañana por una simple disposición en el BOE, rompiendo una vieja dinámica, y más si se considera que el campo opera en la mayor parte de los casos con productos perecederos con fechas de salida y que se mantiene un claro desequilibrio de poder entre quien compra y quien vende.

La ley obliga a mantener el valor del producto en toda la cadena hasta la distribución, donde el operador sí tiene la posibilidad de aplicar su propia estrategia de ofertas y promociones siempre que ello no perjudique el valor y la imagen del producto y que no repercuta esa rebaja sobre los otros eslabones de la cadena. Esa regulación se considera un fracaso. El sector reclama implantar directamente en esa fase la prohibición de venta a pérdidas entendiendo por ello vender por debajo de la factura de compra para evitar las oleadas de ofertas actuales en tiempos de crisis donde los precios bajos se repercuten sobre los productores.

El sector agrario ha hecho elevadas inversiones para mejorar el bienestar animal, para aumentar producciones extensivas (es el caso de la avicultura o la leche de pastoreo), pero cobrando lo mismo en origen que si se tratara de producciones intensivas en base a las estrategias de la gran distribución.

Desde el campo no se entiende que Consumo vaya a aplicar el sistema NutriScore para determinar si un producto es saludable y en qué nivel, dejando malparada a la dieta mediterránea de jamón, aceite de oliva o aceitunas.

El sector agrario rechaza la escasa participación en los fondos de recuperación de Bruselas, que no llega 1% de los mismos. En la misma línea se lamentan de la «donación» de 30 millones de euros de Transición Ecológica para que el campo mejore sus sistemas de energía y pueda poner en marcha otras energías alternativas como autoconsumo, en lugar de seguir dependiendo de los grandes grupos energéticos.

En unas zonas preocupan los apoyos futuros en el olivar, en otras los cambios en los apoyos al tabaco, en Levante y Andalucía los problemas por la importación de enfermedades en los cítricos, preocupa a los ganaderos de cabañas extensivas la política de protección para el lobo impuesta desde Transición, curiosamente desde el Ministerio que tiene entre sus objetivos el Reto Demográfico y más teniendo en cuenta que los ganaderos son los últimos guardianes del medio.

Globalmente, en el sector agrario preocupa que, tras haber sido centro de elogios por su papel en los momentos más duros de la pandemia como actividad estratégica, el campo hoy siga siendo el mismo vagón de cola frente a otros departamentos con Luis Planas al frente.