La mayor parte de los contribuyentes españoles aseguran que prefieren tener ellos en su poder el dinero que ingresan de sus rentas para destinarlo a sus necesidades y gastos personales a que sea el Gobierno quien lo gestione vía impuestos en beneficio del denominado bien común, que luego se utiliza en partidas como la sanidad, las pensiones, la educación o, por ejemplo, las inversiones en infraestructuras.

En plena campaña de la Renta 2023 y en un momento como el actual, con una alta inflación y un encarecimiento general de la mayoría de los productos y servicios, pagar impuestos al Estado abre un debate muy interesante sobre si la presión fiscal que existe a día de hoy en España compensa la calidad de los servicios públicos que da el Gobierno.

Según un informe publicado por el instituto Juan de Mariana, los trabajadores con una renta salarial media de 34.989 euros anuales deben descontar 8.157 euros de cotizaciones a cargo de la empresa y 1.731 euros de contribuciones a nombre del empleado, así como un IRPF de 3.860 euros y un gasto acumulado por IVA de 1.450 euros.

El peso de los impuestos sobre el Producto Interior Bruto (PIB) español ha pasado del 32% al 38% desde 1995. Se trata de una cifra que a priori, y si se reparte en casi 30 años, no llama la atención aunque, según precisan los analistas fiscales, el 60% de este incremento ha tenido lugar en los últimos cinco años coincidiendo con la etapa del Gobierno socialista.

Pese a esto, España se coloca ligeramente por debajo del promedio comunitario en cuanto a carga tributaria, con una diferencia de algo menos de 3 puntos de PIB (40,9% del PIB en la UE-27). De este modo, se sitúa en la posición número 12 del ranking tributario.

Como comparativa, la presión fiscal en Alemania es un 10% mayor que en España, pero la renta de sus habitantes es un 45% más alta. 

El informe del instituto Juan de Mariana concretaba este índice en España en 2023 en el entorno del 39%, un dato que, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), consolida un fuerte incremento tributario que se viene produciendo en los últimos años y con el que se ha reducido «considerablemente» el diferencial con la media de la zona euro que alcanzó un 40,2% en 2022, mientras que en España, según ponen de manifiesto los datos de Eurostat, escaló hasta el 37,7%.

Empresas. Para los economistas, una tributación empresarial superior a la que se registra en los países vecinos de nuestro entorno puede provocar una deslocalización de inversiones así como una cuantiosa fuga de contribuyentes y, sobre todo, desventajas comerciales en los residentes. Unas diferencias que afectan tanto a aquellas organizaciones que operan en mercados internacionales, como también en escenarios locales, que deben afrontar la competencia de operadores foráneos que gestionan sus productos y servicios con una menor carga tributaria y que, además, les aportan mayores tasas de rentabilidad en sus negocios.

Las diferentes patronales del país consideran demasiado alto el gravamen fiscal que se rige en España en concepto tanto de cotizaciones a la Seguridad Social como en el Impuesto sobre Sociedades que, en conjunto, según señalan suponen el 32,4%, frente a la medida del 25,8% de la eurozona.

Dentro de ese 32,4%, el 25,2% corresponde a lo que abonan las empresas por cuotas a la Seguridad Social, frente al 17,7% de media en la UE, y el 7,2% al Impuesto sobre Sociedades, en contraste con el 8,1% de la media comunitaria, según detalla el IEE.

En el plano político, tanto el PP como Vox, denunciaban hace unos días en el Congreso que Hacienda recauda más del 50% de la nómina de los trabajadores vía impuestos como el IRPF, IVA y las cotizaciones sociales y exigían a María Jesús Montero llevar a cabo rebajas fiscales.

En esta línea, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra acusó al Gobierno de haber llevado a cabo 69 subidas de impuestos, de modo que la clase media «paga más del 50% de sus ingresos en tributos». Por su parte, Miguel Tellado, subrayó que esas 69 alzas han supuesto un aumento de 60.000 millones de euros en la recaudación tributaria.

En definitiva, la presión fiscal es un asunto difícil de rebajar en el país después de conocer como la deuda pública del pasado febrero batió todos los récords y superó por primera vez en la historia los 1,6 billones, según reveló el Banco de España que certificó que el agujero público creció en 82.400 millones en el último año, un 5,4% más.