El 6 de febrero, dos potentes seísmos provocaron una enorme devastación en Turquía y Siria en una de las peores catástrofes naturales de las últimas décadas. Un mes después de los terremotos, que han dejado más de 52.000 fallecidos en ambas naciones -46.000 en Turquía-, Ankara continúa haciendo balance de los daños y del coste político que la gestión de la tragedia puede tener para el presidente, Recep Tayyip Erdogan, de cara a los comicios de esta primavera.

Pese a que ya se han iniciado los primeros trabajos para edificar nuevas viviendas en las 11 provincias otomanas afectadas, la gigantesca tarea de quitar los escombros apenas ha comenzado. Mientras, siguen sin hogar cientos de miles de personas, una situación que supone un desafío para los organizadores de las elecciones generales.

Así, la ciudad de Antioquía, la más devastada por los temblores, prácticamente presenta el mismo aspecto de aniquilación que tuvo inmediatamente después de los fuertes terremotos que la asolaron, salvo algunas calles principales de las que las excavadoras han retirado escombros para facilitar el tráfico. Pero el casco histórico está aún enteramente cerrado a los viandantes, con cascotes taponando todas las vías que se adentran en esta parte centenaria de la localidad.

Apenas algunas cintas de la Policía indican que está prohibido aventurarse entre los edificios y en algunas partes hay vigilantes para disuadir a quien lo intente. El peligro es real: cualquier réplica, por modesta que sea, puede derribar un inmueble dañado, como ocurrió el domingo en la ciudad de Sanliurfa, donde un bloque de seis plantas al lado de una calle transitada se desplomó de repente. Los cascotes solo causaron heridas leves a un transeúnte, pero el incidente suscitó críticas al Ayuntamiento por no haber demolido aún el edificio.

En total, según el Gobierno, 227.000 inmuebles en la región han sido clasificados como derrumbados o sujetos a demolición para evitar peligros. No obstante, la institución pública del seguro contra terremotos DASK dio a conocer que ha recibido 327.000 informes de edificios perjudicados y que ha pagado sumas por valor de unos 100 millones de euros.

Más difícil de evaluar que el perjuicio económico es el daño que la catástrofe ha causado al partido que gobierna desde hace 20 años, el islamista AKP, y a su líder, el jefe de Estado y Gobierno del país, Recep Tayyip Erdogan, cuando falta previsiblemente poco más de dos meses para la cita con las urnas.

Ya antes de la tragedia, su popularidad había bajado paulatinamente, hasta el punto de que la coalición opositora, compuesta por socialdemócratas y nacionalistas moderados, tenía buenas cartas para ganar, según las encuestas. Pero los primeros sondeos realizados tras el desastre señalan una ligera bajada de Erdogan tras la criticada respuesta de los servicios de emergencia: los damnificados se quejan de que los equipos de rescate tardaron más de un día en aparecer.

El 14 de mayo?

Precisamente, el presidente turco anunció ayer que dará el próximo viernes los pasos formales para disolver el Parlamento y convocar comicios presidenciales y parlamentarios para el 14 de mayo.

Según Erdogan, es importante cumplir con el proceso electoral cuanto antes para evitar que la atención a los afectados se vea influido por debates electorales.

Por su parte, desde la oposición acordaron que el líder socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu será el candidato de consenso de seis partidos para tratar de desalojar del poder a Erdogan.