Operación Puigdemont

S. Sánchez (EFE) - Agencias
-

Junts pasa en una semana de pactar una ley de amnistía con Sánchez a tumbarla en el Congreso para exigir que cubra los nuevos delitos de terrorismo imputados por García-Castellón al político fugado bajo la amenaza de romper la legislatura

Imagen de archivo del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont. - Foto: EFE

El no en el Congreso a la ley de amnistía promovida por el Gobierno está generando inquietud en sectores de JxCat, que se encuentran a la expectativa de un posible pacto con el PSOE, si bien el grueso del partido y de la dirección ha cerrado filas con el expresident fugado Carles Puigdemont, según diversas fuentes de la formación consultadas estos días.

En menos de 10 días, la posición de Junts ha cambiado por completo: de defender una ley de amnistía que dejaba ver «en el horizonte el retorno de Carles Puigdemont», como afirmó Jordi Turull el pasado 13 de enero ante el consell nacional del partido independentista, al no anunciado esta semana por Míriam Nogueras en el Congreso de los Diputados.

Pero, ¿qué ha motivado el giro de Junts en relación con la ley de amnistía? ¿Cómo ha sentado el cambio de opinión en los diferentes estamentos del partido? Estas son las claves del desencuentro paso a paso.

25 de enero / acusación por terrorismo

El desencadenante del viraje de JxCat tiene nombre y apellidos: Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional que imputó por terrorismo al expresidente Carles Puigdemont el pasado 25 de enero, en el marco de la causa de Tsunami Democràtic.

El movimiento del magistrado encendió todas las alarmas en el partido independentista y en su equipo jurídico, encabezado por el abogado Gonzalo Boye, que detectó «grietas» en el documento pactado con los socialistas, como verbalizó el propio Boye en declaraciones a Vilaweb el día 27: «Caerán muchos».

El no definitivo cristalizó en una reunión de la permanente del partido -el órgano de dirección más restringido- el 30 de enero, horas antes de la votación.

30 de enero / reunión de la ejecutiva 

El pasado martes por la mañana, después de la permanente, la Ejecutiva de Junts celebró una importante reunión telemática, de unos 45 minutos, en la que el secretario general de la organización, Jordi Turull, intervino inicialmente para dejar claro que la ley de amnistía, tal y como está redactada ahora, no ampararía a Puigdemont ni a otros encausados por el procés ante la actuación de determinados jueces.

Tras la taxativa intervención de Turull, no hubo pronunciamientos en contra de bloquear la aprobación de la ley hasta conseguir las garantías reclamadas.

El ascendente de Puigdemont sobre el partido -en el que no ostenta ningún cargo directivo pero ejerce un indiscutible liderazgo moral- fue clave, según diversas fuentes consultadas, para decantar el voto en la Cámara Baja hacia el no, así como la influencia de Boye sobre el expresident.

Sin embargo, sectores del partido consideran que el voto en contra en el Congreso, defendido con vehemencia por Míriam Nogueras, «desconcierta» al electorado soberanista, al que en las últimas semanas se le había trasladado el mensaje de que la ley de amnistía era impecable.

De hecho, unos días antes, RTVE emitió un debate en el que el exconseller y eurodiputado de Junts Antoni Comín hizo una defensa a ultranza de la ley promovida por el Gobierno: «Devuelve a España a la Unión Europea», afirmó.

31 de enero / dudas latentes 

Aunque de puertas hacia fuera los dirigentes de JxCat cierran filas con la decisión, en el seno del partido no todo el mundo la ha recibido igual. «Hay dudas sobre todo en el cómo. Los argumentos son compartidos y se entienden. Pero la gente es escéptica sobre la imagen que proyectamos y si nos están entendiendo», señala un cuadro del sector pragmático.

Cargos territoriales consultados coinciden en señalar que hay división de opiniones, aunque descartan que haya debate interno. Uno de los argumentos más repetidos es la dificultad de «explicar» el cambio de posición, y hay quien cree que se está «tensando demasiado la cuerda» con el Ejecutivo.

1 de febrero / Sàmper abandona el partido

Por ahora, el no a la amnistía se ha cobrado la primera baja en JxCat: la del exconseller de Interior Miquel Sàmper, que esta semana ha roto el carné alegando la «brecha ideológica y de formas» que le separa del partido.

El debate sobre la amnistía se ha producido la misma semana en la que JxCat ha decidido expulsar de su grupo en el Parlament a Cristina Casol, que denunció ser víctima de «acoso por razón de género».

Aunque no ha tenido nada que ver con el caso, algunas fuentes consideran que esta coincidencia puede ayudar a eclipsar un episodio en el que «todo el mundo ha actuado mal» y era «imposible» encontrar vías de conciliación.

2 de febrero / las consecuencias

Hace dos días, el presidente del Gobierno quiso calmar las aguas desde Bruselas. En un comparecencia ante los medios, Pedro Sánchez se mostró convencido de que todos los independentistas catalanes con causas abiertas en los tribunales por delito de terrorismo quedarán protegidos por la ley de amnistía tal como está redactada en este momento «porque no son terroristas», defendió.

Esas palabras, que causaron un enorme malestar en la oposición, pretendían tener un efecto balsámico en la dirección de JxCat, aunque el resultado final de las negociaciones del PSOE con los independentistas podría tener otras consecuencias. «Si no llegamos a un acuerdo, habrá gente muy dolida», indica una voz del sector pragmático de Junts, que también cree que según qué pacto se logre con el PSOE podría generar malestar en el sector unilateralista.