Llegó el día. Este martes arranca en Barcelona el juicio contra Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, por un presunto delito de alzamiento de bienes por el que se enfrentan a una pena de hasta cuatro años de prisión por ocultar su patrimonio a través de un testaferro para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros.

El juicio se alargará hasta este viernes 15 y, aunque la extenista y el padre de sus hijos Arantxa y Leo no declararán hasta la última jornada, sí deben comparecer a diario en el Juzgado de lo Penal número 25 de la ciudad condal.

Y así lo han hecho en el arranque del proceso, al que ambos -que no mantienen ningún tipo de relación y están inmersos en una guerra judicial paralela en Estados Unidos por su divorcio- han llegado minutos después de las 9:00 horas por separado y acompañados por sus respectivos abogados.

Arantxa, que hace dos años dio un paso al frente, asumió su responsabilidad y aseguró que había sido víctima de su exmarido -que le habría dado instrucciones para deshacerse de sus bienes y evitar así el pago millonario al Banco de Luxemburgo- se ha mostrado muy seria y visiblemente nerviosa, aunque no ha hecho declaraciones a los medios que han intentado captar sus primeras imágenes antes de sentarse en el banquillo de los acusados.

Tras revelar en una entrevista en 'El País' este fin de semana el delicado momento económico que atraviesa por haber confiado en Santacana -"Con lo que he ganado, no poder vivir del tenis es un golpe muy duro que no me esperaba. Mi error fue enamorarme. Mi marido me la jugó. Pero no voy a tirar la toalla. Estoy haciendo un esfuerzo económico brutal que seguiré haciendo toda mi vida" confiesa- la exdeportista ha preferido guardar silencio y, flanqueada por su abogado Borja Vives Iborra ha entrado a paso ligero en los Juzgados.

Minutos después ha sido su exmarido, acompañado a su vez por su letrado Juan Segarra, el que ha llegado al juicio con una actitud muy diferente a la de Arantxa. "Buenos días. Afronto el juicio bien, con tranquilidad" ha explicado, asegurando que no se arrepiente "de nada". Y es que Josep Santacana intentará salir absuelto del proceso, argumentando que nunca engañó ni se benefició económicamente de la extenista, que ya era "insolvente" cuando se casaron.

La Fiscalía, sin embargo, detalla en su escrito que la exdeportista actuó "bajo las consignas de su marido" una vez se le notificó la reclamación de la deuda con el Banco de Luxemburgo en julio de 2010. El fiscal sostiene que ambos "idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad", por el que vaciaron sus cuentas corrientes.

Hicieron "desaparecer" el dinero que Sánchez Vicario había cobrado en créditos y por reportajes en medios de comunicación, y el fiscal expone que la tenista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresas y titulares de varios bienes inmuebles que, después de notificársele la deuda con Hacienda, pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya.

Así, "realizaron numerosas operaciones de venta con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro" de la deuda, y la Fiscalía acusa como cooperadores necesarios a quienes supuestamente hicieron de testaferro quedando como único titular de las empresas de la tenista, además de al jefe y al responsable de la gestoría que hizo las operaciones de estas empresas.

Por todo, la Fiscalía solicita condenarles por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible: reclama cuatro años de cárcel y 8.640 euros de multa para Sánchez Vicario y Santacana, además de 6,1 millones en responsabilidad civil; y tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros para los cómplices.