El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, ha dejado atónitos a políticos y expertos legales con su controvertido proyecto de ley que revisa sus compromisos del Brexit y reabre el espinoso asunto de la frontera entre las dos Irlandas, en violación del derecho internacional.

El mandatario presentó la semana pasada -mientras los equipos negociadores de Londres y Bruselas siguen apurando sus contactos- su ley del Mercado Interno, pensada para regular el comercio dentro de las cuatro naciones del Reino Unido -Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte- una vez que termine el actual período de transición con la UE el próximo 31 de diciembre.

El proyecto puede tirar por los aires el mecanismo acordado entre Londres y Bruselas para evitar una frontera física entre la República de Irlanda -en la UE- e Irlanda del Norte, a fin de no perjudicar el delicado proceso de paz en esa provincia. Ese mecanismo está contenido en un protocolo del Tratado de Retirada y establece que la provincia británica quede en el mercado único europeo para bienes junto con la República de Irlanda en caso de que la UE y Londres no lleguen a un acuerdo comercial. Esto implica crear un sistema de controles con el resto del Reino Unido: uno de los aspectos clave que el Gobierno de Johnson quiere alterar dado que, de alguna manera, la frontera con el bloque comunitario se situaría en el mar de Irlanda -que separa la isla de Gran Bretaña y la provincia de Irlanda del Norte-.

La posibilidad de que el proyecto de ley de Johnson revise los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Retirada ha enfurecido a la UE y ha sorprendido a políticos británicos, dado que supondría incumplir las obligaciones internacionales del Reino Unido.

De hecho, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró ayer que Londres «debe asumir su responsabilidad» y aplicar la totalidad del acuerdo del Brexit. "La credibilidad internacional de la firma de Reino Unido está en juego",  agregó.

Las críticas contra el premier también le han llegado desde suelo anglosajón y, así, su predecesora en el cargo, Theresa May, le advirtió de que el Gobierno está en peligro de perder la confianza de otros países a la hora de honrar compromisos internacionales. Los también ex primeros ministros Tony Blair y John Major se unieron para condenar el texto legislativo al afirmar que es "irresponsable", "equivocado" y "peligroso".

Pero la mayor preocupación del mandatario puede ser que el ministro de Justicia, Robert Buckland apuntó a una posible dimisión si el Ejecutivo incumple el Tratado de Retirada, aunque insistió en que "no estamos en esa fase". "Si veo que el estado de Derecho se rompe de forma que considere inaceptable, entonces me marcharé", aseguró.

Para Buckland, la Ley de Mercado Interior no busca otra cosa que «alertar a todo el mundo de la posibilidad de que exista un problema y legislar para prepararnos a nivel interno para eso». En cualquier caso, el «objetivo sincero» del Gobierno británico es lograr un acuerdo con la UE, matizó.