En la actualidad, la normativa de emisiones afecta unas 6.500 de las 82.000 granjas de porcino existentes en España. Se trata de granjas con más de 750 reproductoras o 2.000 plazas de cebo (animales a partir de 30 kilos). Sin embargo, la reducción de límites de tamaño de granjas de porcino propuesto por la UE para incluirlas en el ámbito de aplicación de la Directiva de Emisiones Industriales va a afectar a las granjas de más de 150 reproductoras o más de 1.160 plazas de cebo, en el caso de porcino. Mientras que, para las granjas productoras de huevos, el nuevo límite se establece en 21.400 gallinas ponedoras, frente a las 40.000 de las normas actuales, lo que afectará 313 operadores que representan el 98% del censo de gallinas ponedoras.

El sector porcino y el avícola son los dos únicos sectores ganaderos obligados a aplicar las medidas de reducción de emisiones derivadas de la Directiva Europea. Entre 1990 y 2021 el sector porcino ha reducido un 42,9% de GEI, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Este esfuerzo para lograr la reducción de emisiones ha tenido una insignificante repercusión en el total de España, dado que las emisiones de porcino en el conjunto de GEI del país suponen poco más del 2%; y menos del 0,5% en el caso de la avicultura.

Según denuncian ASAJA, COAG, UPA, Aseprhu, Avianza, Federovo, Anprogapor y Cooperativas Agro-Alimentarias de España, esta presión normativa tendrá un gran impacto sobre la viabilidad y rentabilidad de las granjas de pequeño y mediano tamaño, que deberán necesitar una autorización ambiental integrada, con unos costes administrativos anuales de 3.000 euros. Además, la aplicación de reformas estructurales en las granjas para aplicar las MTD obligatorias (Mejores Técnicas Disponibles) supondrán unas modificaciones que harán inviable su amortización y provocarán el cierre inminente de muchas granjas.