La elevada siniestralidad en el campo registrada en los últimos meses por la sequía, los recientes sucesos de inundaciones, las heladas y los pedriscos constituyen uno de los motivos de preocupación más importantes, tanto para los agricultores que han visto amenazadas y diezmadas sus cosechas y sus ingresos, como para las compañías aseguradoras que ven reducidos sus resultados, a pesar de los fondos del consorcio y de las garantías de los reaseguros. Para el sector agrario, todo ello se ha sumado a unos costes de producción disparados compensados parcialmente en la parte agrícola con la ayuda al consumo de gasóleo de 300 millones de euros y los 267 millones previstos para distribuir por los efectos de la sequía en zonas aún por definir.
Al margen de los debates y las posiciones sobre el cambio climático, en relación con el seguro agrario, las entidades aseguradoras, con sus datos en la mano, señalan que los periodos de sequía son cada vez más frecuentes. Han pasado de producirse una vez por cada década a repetirse cada menos de cinco años y, en este momento, dos años seguidos. También destacan que fenómenos como las inundaciones son cada vez más violentos y que pedriscos o heladas no tienen fecha ni territorios establecidos.
Como consecuencia de todo ello, desde las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG se coincide en señalar la necesidad de dar una vuelta a la actual política aseguradora para defender la viabilidad del seguro a medio y largo plazo y buscar salidas que vayan más allá de elevar las franquicias, subir las primas o reducir los rendimientos asegurables, lo que, por falta de demanda, podría suponer el final de un seguro que era considerado como la joya de la política agraria. Desde UPA se estima que las compañías podían reducir sus costes de gestión así como recortar sus márgenes de beneficios para abaratar el seguro, de manera que constituya efectivamente un instrumento para asegurar al menos los costes de producción.
Desde la perspectiva de los apoyos a la política aseguradora, se puede decir que la posición del Ministerio de Agricultura en los últimos años ha sido muy positiva, elevando los fondos a los actuales 357 millones de euros, sumando los 40 millones asignados los últimos meses por los efectos de la sequía. Cabe destacar que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios dispone de 384 millones para subvencionar las primas, sumadas las aportaciones de las comunidades autónomas.
La aportación de Agricultura para el seguro agrario supone actualmente un incremento de más de un 50% con respecto a la cantidad existente en el periodo 2016-2020 y pone en evidencia las menores aportaciones de las comunidades autónomas, que además es muy desigual y sería deseable armonizar para evitar desigualdades de ayuda en una misma producción. Desde Murcia, Pedro García, responsable de los seguros agrarios en COAG, no entiende que un agricultor en su comunidad autónoma tenga menos ayudas al pago de la prima que otro en el mismo sector situado a unos metros en la Comunidad Valenciana.
En el último año, esa política de apoyos aprobada por el Ministerio de Agricultura supuso un aumento de 10 puntos al pago de las primas hasta alcanzar una media del 40%, que llega al 50% con el reciente aumento de fondos por la sequía; esta cifra puede llegar a hasta el 65% en el caso de profesionales y de jóvenes y hasta el 70% para ellos por el problema de la sequía.
Cuatro claves.
En la última década, en la evolución del seguro agrario hasta su situación actual, se podrían destacar cuatro aspectos importantes. En primer lugar, un fuerte incremento del valor del capital asegurado: un 41% más que en 2013, pasando de los 11.540 millones a los 16.322 millones de 2022 con 38 millones de toneladas de producción y donde juega un papel importante la evolución de los precios. El segundo punto sería la relativa estabilidad en el número de pólizas contratadas, en torno a unas 400.000, si bien sigue aumentando la superficie asegurada hasta más de seis millones de hectáreas.
En tercer lugar cabe señalar un fuerte aumento de la siniestralidad, que ha pasado en los últimos años de una media de 500 millones a los 806 de 2022. Y no hay que dejar de lado la previsión de superar los 900 millones en este ejercicio, lo que supone un incremento del 60% en la última década. Por último, un incremento del 33% en el importe las primas, que pasaron en el mismo periodo de unos 600 millones de euros a 858 millones en 2022, este último año con 384 millones correspondientes a las subvenciones de ENESA y de las comunidades autónomas y 473 millones a cargo de los asegurados.
Con todos estos datos en la mano, desde las organizaciones agrarias se coincide en la necesidad de analizar en conjunto la política del seguro agrario para buscar una salida equilibrada entre los intereses de todas las partes ante las evidencias de una mayor siniestralidad que supone para las empresas tener que pagar unos importes similares a los ingresados por el cobro de primas. Una situación que no implica que las empresas aseguradoras incurran en pérdidas, sino que reduzcan sus beneficios en este ajuste de ingresos por primas y pagos por siniestros. Para estos casos existe un fondo de compensación en el Consorcio de seguros -aunque cada día tiene menos recursos- y funciona igualmente el reaseguro de las propias empresas. En cualquier caso, sí es cierto que estas compañías ven muy reducidos los beneficios directos de su actividad.
Fuera de estas cuentas se hallan las comisiones correspondientes a la suscripción de los seguros y, además, el valor que puede tener para una empresa acceder al campo con la venta de un seguro agrario y, a partir de ahí, entrar en comercializar otros seguros para agricultores y ganaderos.
En ese proceso necesario de dar una vuelta al seguro agrario para dar más estabilidad a la actividad tiene un problema que radica en el desequilibrio existente en los volúmenes de contratación entre líneas y producciones donde las suscripciones son masivas -cereales, frutas-, con otras en posición intermedia -viñedo- y con aquellas en las que las contrataciones son reducidas -invernadero, olivar, pastos-.
Desde medios del sector, a la vista de la evolución de los datos, se considera se deben a tener en cuenta los grandes siniestros y además la existencia de un seguro obligatorio con una cobertura básica para garantizar que toda explotación, en caso de un siniestro, tiene la posibilidad de cubrir al menos esa campaña los costes de producción.
Desde Agroseguro, el pool que aglutina a las empresas aseguradoras, sus responsables consideran que, desde hace más de una década, a pesar de las subidas llevadas a cabo, las primas no se han adaptado a la actual situación de siniestralidad provocada por el cambio climático y, si se mantiene esta tendencia, advierten sobre la necesidad de adoptar al menos una de estas dos salidas: bien aumentar las subvenciones de las Administraciones al pago del seguro o bien elevar el importe de la primas. Elevar el porcentaje de las franquicias en el caso de un siniestro o reducir el volumen de producción asegurada por hectárea han sido otras de las vías acometidas ya en el pasado para ajustar su negocio y evitar pérdidas.