Policía Foral denuncia presión para fijar plazas con euskera

NATV
-

Representantes de las centrales sindicales APF y SPF-CSIF han denunciado la campaña de "presiones" que sufrieron a finales de la pasada legislatura en relación con los perfiles lingüísticos en Policía Foral, con "prisas" e "improvisación".

De esta forma se han pronunciado en una sesión de trabajo celebrada en la comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior a petición de Navarra Suma para exponer "la campaña de presiones a la que están siendo sometidos los agentes de la Policía Foral con la finalidad de imponerles el uso del euskera en su actividad laboral".

El portavoz de NA+ en la comisión, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha explicado que la comparecencia fue solicitada en junio cuando se tuvo conocimiento de la noticia, tras lo que ha enmarcado esta cuestión en la "turbia y desastrosa" aplicación de los planes lingüísticos y un decreto foral que ha sido considerado "ilegal" en una parte sustancial.

Denuncian presiones en torno a los perfiles lingüísticosDenuncian presiones en torno a los perfiles lingüísticos - Foto: Mikel Cia Da Riva

Los representantes sindicales han hablado de "prisas" por el momento político que se vivía, de "improvisación" porque no había "datos detallados de vascoparlantes", ni se habían establecido plazos o prioridades, lo que les llevó a concluir que el "plan no era muy preciso".

Además han cuestionado que en ese proceso no se ha tenido en cuenta a estas organizaciones, con una representación de casi el 70 %, llegándose a determinar en la Mesa General, en la que no están presentes, que el número de plazas bilingües debían ser 59 de una plantilla de algo más de mil agentes.

Han considerado "increíble" que se pidiera a través de un correo a los agentes que en el plazo de cinco días dijeran si su plaza debía ser bilingüe o no, cuando, a su juicio, eso compete a la administración.

Como prácticamente "ningún agente" respondió, han relatado, hubo un segundo intento, con el gobierno ya en funciones, del 21 de junio al 1 de julio a través del envío de un formulario y en este caso, "lo más grave de todo", según han denunciado, fue que se pidió a los jefes un informe indicando quienes no habían cumplimentado el cuestionario y porqué, lo que vivieron como una "presión".

"Con el plan lingüístico no nos metemos", han indicado, para pedir que se hagan las cosas de una forma adecuada y apuntar que les gustaría acudir al Parlamento para "hablar también del modelo policial, no solo del lingüístico".