Una ley de amnistía. Esa fue la principal exigencia que plantearon los independentistas catalanes para apoyar la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez. Ya la pusieron sobre la mesa antes de que lo designara como tal el Rey y fue el propio expresidente fugado y dirigente de Junts, Carles Puigdemont, quien reclamó que la norma se debía aprobar antes de votar a favor del socialista en el Congreso.

Sin embargo, cumplir con esta demanda se antoja ya una quimera. El calendario de la XV legislatura juega en contra y los plazos son demasiado ajustados para completar el procedimiento. Un escollo al que, previsiblemente, se sume también la mayoría del PP en el Senado que le permite forzar el retraso.

Aunque el ala socialista del Gobierno todavía no ha concretado en qué consistiría el acuerdo sobre la amnistía, las negociaciones con ERC y sobre todo con Junts están en marcha, tal como indicó el presidente del Gobierno en funciones.

Además, Sánchez mantuvo que el PSOE fijará su posición sobre este asunto después de completar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, una vez que las formaciones políticas hayan expresado sus condiciones en las reuniones formales que ha mantenido desde la pasada semana y que culminó esta.

Hasta entonces no se conocerá, negro sobre blanco, cuáles son los planes de los socialistas. En ese momento, apenas quedarán seis semanas de margen para que se celebre la investidura de Sánchez, que tiene como límite el 27 de noviembre. En caso contrario se disolverían las Cámaras y habría repetición de elecciones generales el 14 de enero.

Con este calendario tan apretado, las posibilidades de completar todo el trámite parlamentario que requiere aprobar esta medida de gracia antes de que los diputados se reúnan en el Congreso para decidir si Sánchez sigue en la Moncloa es mínima. Más probable es que se pueda dar algún paso, es decir, que se registre una iniciativa y la Mesa del Congreso dé el visto bueno para que se debata.

Esto ya sería un hito importante y pondría de manifiesto el cambio de posición del PSOE respecto a la amnistía, porque en 2021 ERC, Junts, la CUP y el PDeCat presentaron en la Cámara Baja una propuesta para amnistiar los delitos del procés y los socialistas votaron en contra de admitirla a trámite. De hecho, los letrados del Congreso la tacharon de inconstitucional y el PSOE, junto con PP y Vox, estuvo de acuerdo.

Apurando mucho los tiempos, incluso podría llegar a celebrarse en las semanas previas un primer debate sobre la amnistía, pero aún quedarían varios pasos del procedimiento parlamentario por delante. Uno de ellos, la aprobación de la norma en el Senado, más que improbable con la mayoría absoluta del PP en esa Cámara.

Su negativa no es impedimento para sacar la ley adelante, pero ralentiza el proceso porque puede pedir informes jurídicos y si se niega a aprobarla obliga a que la norma vuelva al Congreso y sea validada de nuevo una semana después. Por tanto, lo más probable es que la ley de amnistía a los implicados en el procés del 2017 o el equivalente que emane de las negociaciones entre PSOE e independentistas vea la luz después de que Sánchez sea reelegido, como se presupone.

Hay otros argumentos en contra del aval exprés de esta medida, por ejemplo, que los socialistas no quieran apurar hasta el final la elección de su líder. Aunque la fecha tope es el 27 de noviembre, en Ferraz insisten en tener nuevo Gobierno «cuanto antes». Además, dirigentes de la coalición de Sumar como el común Jaume Asens, al tanto de las negociaciones con Puigdemont y acompañante de la vicepresidenta segundo en funciones Yolanda Díaz en su viaje a Bruselas para reunirse con el expresidente prófugo, ya ha venido señalando que una aprobación antes de la investidura sería «casi imposible» por falta de tiempo.

Derogación de la sedición 

En todo caso, las normas del Congreso no tasan todos los plazos y el ritmo de tramitación de las leyes siempre depende de las mayorías en las Cámaras y en sus órganos de gobierno. De hecho existen precedentes cercanos de aprobaciones exprés de otras demandas del secesionismo, como la supresión del delito de sedición o, más recientemente, el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.

La ley orgánica por la que se suprimió la sedición se registró un 11 de noviembre de 2022 y fue aprobada en poco más de un mes. Se registró como proposición de ley orgánica, que al ser iniciativa de los grupos parlamentarios permite ahorrar la petición de informes al Consejo de Estado o al Consejo General del Poder Judicial. Después viene el turno de la calificación de la Mesa. Aunque la ley de amnistía no superó ese trámite en 2021, ahora puede ser distinto pues el criterio de los servicios jurídicos no es de obligado cumplimiento y la decisión siempre es política.

De la mesa del Congreso se envía a Moncloa, para que el Gobierno dé su visto bueno al debate en un plazo máximo de 30 días. De este modo puede ejercer su capacidad de veto por motivos presupuestarios, si considera que supondría un gasto excesivo o bien una merma de ingresos. En el caso de la sedición, el Gobierno dio luz verde en solo 24 horas.

El PSOE y Sumar, con sus socios en la Cámara Baja, pueden también hacer valer la mayoría absoluta para imponer la tramitación por el procedimiento de urgencia, que acorta los plazos a la mitad, y así acelerar su debate y aprobación en el Pleno de la Cámara. Al tratarse de una ley orgánica, requiere mayoría absoluta, que son precisamente los votos que lograron reunir los socialistas para hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol. 

Finalmente, de la Cámara Baja iría al Senado, donde el PP puede ralentizar el proceso, aunque acabaría volviendo de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.